Antes que el interés por conocer los aspectos técnicos o estrictamente legales de la resolución del Tribunal Constitucional que anula la actual fórmula de aplicación del impuesto de plusvalías, de entrada crece entre los responsables municipales la preocupación por su repercusión práctica.
La sentencia, de la que faltan por conocer los detalles, ha pillado a los ayuntamientos preparando los presupuesto del año venidero.
Es un descuadre directo sobre unas economías municipales siempre sujetas a decisiones de órganos superiores. Los alcaldes, ahora inquietos y oficialmente «preocupados», como medida preventiva por si acaso llegan males mayores en forma de descuadre, temen una pérdida directa de ingresos.
De todas las reacciones que se recogen en esta página hay una particularmente ilustrativa e interesante. Es la de la responsable de Economía y Hacienda de Manacor, Maria Antònia Truyols. Más técnica que política, la directora de la Agencia Tributaria en el primer Govern Armengol admite que el varapalo tenía que producirse algún día porque «este cálculo extraño hace tiempo que está en entredicho».
O sea, que los ayuntamientos estaban avisados y podían haber hecho algo para parar el golpe. La inquietud y sorpresa que se expresa ahora es más bien relativa y oportunista.
