El sindicato UGT ha denunciado este lunes que el actual sistema de externalización del servicio de recogida de residuos por parte de los ayuntamientos fomenta la corrupción y ha culpado directamente a los alcaldes de la isla de apostar por este modelo «fracasado» que ha desembocado en el conflicto laboral que provocó la huelga que sigue sin estar desconvocada.
El secretario general de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, asegura que los problemas del sector no se solucionarán con el convenio autonómico que está en negociaciones porque, según añade, «después vendrá el conflicto con los camiones» debido al mal estado del material que las empresas ponen al servicio de los trabajadores. «Algún día tendremos una desgracia seria», indica Romero, que explica que actualmente hay municipios de menos de mil habitantes que han externalizado el servicio y en estos casos las empresas «no ponen camiones nuevos» porque «los ayuntamientos se han acostrumbrado a pagar y olvidarse» del servicio. «La ley Montoro dice que hay que adjudicar el servicio a la empresa más barata», lo que se traduce en una precarización de las condiciones laborales, con casos de gente que «cobra 900 euros», lamenta.
«La atomización es un núcleo de corrupción que ya va bien a los alcaldes, porque nadie quiere perder este elemento políticamente», ha señalado Romero. A su entender, la corrupción «no solo es económica» y también afecta a la colocación de personal porque «a lo mejor llegan currículums por la vía no normalizada». «En el sector público, donde hay una concesión, existe el riesgo de que haya una comisión», ha añadido antes de citar algunos ejemplos de prácticas corruptas que se han producido históricamente en Mallorca como el intercambio de personal entre Santanyí y Felanitx, entre otros casos.
UGT recuerda que actualmente hay 32 contratos diferentes de recogida de residuos en Mallorca, un modelo que compara con el de Madrid, donde «hay tres únicos contratos para una población de cuatro millones de personas y donde los trabajadores cobran sueldos base de 2.000 euros».
En este sentido, el sindicato cree que la solución pasa por cambiar el modelo a favor de un sistema público o bien apostar por la puesta en marcha de un consorcio similar al de la eliminación de residuos que gestiona la empresa Tirme. El sindicato aboga por la creación de un consorcio a nivel insular al que los ayuntamientos cedan las competencias de la recogida de basuras del mismo modo en que lo han hecho en el caso de la eliminación de residuos. «Más adelante ya se decidiría si es un modelo de empresa pública, mixta o privada».
En relación a la huelga de la pasada semana, UGT, que ostenta un 25% de la representación sindical del sector, explica que optó por desconvocar la medida de presión porque alcanzó un «acuerdo satisfactorio», que es «el mismo» al que finalmente llegó CCOO, «aunque después de una semana de huelga», precisa Romero.
El sindicato asegura que defenderá el acuerdo en las reuniones que se inician hoy, pero advierte que el convenio colectivo «solventará los temas salariales y los turnos, pero no el problema del material».
