Las insostenibles palabras de Miguel Pardo han dado alas a unos alcaldes que remueven contenedores de culpas cruzadas para no asumir su gruesa porción de responsabilidad en la huelga de basuras, ahora postergada.
En estos tiempos de avance democrático, con el derecho al paro laboral garantizado, ya no es asumible que un líder sindical atice el incumplimiento de los servicios mínimos y de los acuerdos alcanzados. Dicho esto, cabe preguntarse si unos alcaldes en posición lateral cuentan hoy con credibilidad suficiente para desvincularse de un conflicto con el que tienen demasiado que ver.
Antoni Salas, el presidente de la Felip no lo cree así. No asume su parte. Dice que ellos no son un activo negociador y sí unos atletas de la mediación y la buena voluntad. Para refugiarse en esta tesis cuida de obviar que los contratos de basuras están firmados por los ayuntamientos o sus mancomunidades y que, a la hora de la verdad, poco les ha importado si eran acuerdos en precario o las condiciones laborales de los trabajadores.
La falta de convenio colectivo no es la única o principal causa de la huelga de basuras. El conflicto, cantado desde hace tiempo, ha estallado en cada casa de la Part Forana porque se ha dejado incubar durante demasiado tiempo con altas dosis de pasividad. No es, ni mucho menos, un problema sobrevenido. Ahora topa con un sindicalista que se autoinvalida y unos alcaldes que eligen el papel de Pilatos.
