La Federación de Entidades Locales de Balears (Felib) ha exigido este miércoles la desconvocatoria de la huelga indefinida de recogida de residuos que en principio tiene que iniciarse este jueves por la noche en Mallorca, después de que unos 250 trabajadores de las empresas adjudicatarias votasen a favor del parón en una asamblea celebrada hace dos semanas para denunciar el «bloqueo» en la negociación del convenio autonómico. 

La federación se ha dirigido principalmente al sindicato CCOO, «el único que quiere seguir con la medida extrema de presión», después de la «buena voluntad» expresada por UGT para negociar con la patronal de la recogida de residuos. La Felib ha convocado un acto informativo para hoy para explicar las evoluciones en la negociación y las peticiones de los ayuntamientos.

El presidente de la Felib y alcalde de Costitx, Antoni Salas, apunta que la huelga «no tiene mucho sentido» debido al «avanzado estado del convenio colectivo sectorial». A su entender, la convocatoria es «injusta» porque «repercutirá directamente en el servicio a los ciudadanos». 

Salas recuerda el «trabajo ingente» que se llevó a cabo para crear una patronal autonómica de empresas de recogida de residuos sólidos urbanos, voluminosos, puntos verdes y ‘deixalleries’ y que significó el «paso previo» a la actual negociación sobre un «convenio colectivo justo para los trabajadores, que recoja una mejora de las condiciones laborales y una tabla salarial digna». «Los ayuntamientos no podemos ser parte del conflicto pero hemos demostrado tener la voluntad de contribuir a encontrar una solución», añade el presidente de la Felib, institución que «está de acuerdo con la petición» de los trabajadores pero que «no tiene la potestad para participar en la negociación de un convenio colectivo» porque los trabajadores no dependen de las entidades locales, sino de las empresas adjudicatarias.

En este sentido, la Felib señala que los ayuntamientos trabajan a partir de contratos establecidos en los pliegos licitados en el pasado y que «no se pueden revisar si no existe una cláusula explícita en el contrato en el momento de la licitación». Los contratos en vigor finalizarán en el plazo de «dos o tres años», aunque algunos acabarán en «cuatro o cinco».