La asociación de madres y padres de alumnos (Amipa) del colegio privado concertado Beat Ramon Llull de Inca deploró ayer el caso de acoso escolar por el cual ha sido condenado el centro, pero subrayó que es un episodio «puntual, aislado» que no puede ir en menoscabo de todos los profesionales que trabajan en la escuela.

Así se expresó ayer la presidenta de la Amipa, Trini Arenas, en referencia a la información publicada por este diario, según la cual la Audiencia Provincial argumentó que el centro escolar, aunque actuó al detectar el caso, «no advirtió la dimensión del problema» y las medidas que adoptó fueron «insuficientes».

Arenas apuntó que esos hechos se remontan al curso 2017-2018, al tiempo que señaló que si el colegio hubiese querido actuar «de mala fe» hubiese ocultado la denuncia a la comunidad educativa. Sin embargo, prosiguió, fue la dirección la que informó del caso a la Amipa y de que había tomado medidas para afrontarlo, a través de las figuras de la mediadora y de una educadora social.

Alumnos mediadores

En este sentido, quiso recordar también que el colegio cuenta con un programa de formación dirigido a los propios alumnos, a fin de que ellos mismos hagan de mediadores ante la existencia de algún tipo de conflicto entre estudiantes.

Cuando se le preguntó a Arenas si los padres y madres de alumnos tenían constancia de que hubiese habido otros casos de bullying, aparte del que ha sido objeto de sentencia judicial, respondió que no, que se trataba de un caso «aislado».

En todo caso, la presidenta de la Amipa quiso subrayar que deploraba el mencionado caso de bullying, al tiempo que significó: «Me da rabia que por un caso aislado se juzgue el trabajo de tantos y tan buenos profesionales que hay en el centro».

El fallo declara a los padres del acusado y al colegio responsables civiles de lo ocurrido, por lo que deberán hacer frente a la indemnización de 1.500 euros concedida a la víctima.