La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha firmado esta semana un decreto mediante el cual acepta «la cesión gratuita» del Castell d’Alaró por parte del Estado. Se trata de un paso imprescindible para que Madrid formalice el traspaso que se lleva negociando desde hace meses y sobre el que existe un acuerdo previo. Cuando finalice el proceso, el organismo insular tendrá capacidad legal para intervenir en la preservación de los restos arqueológicos, cuyo deterioro ha sido denunciado por arqueólogos, instituciones y asociaciones alaronenses.
El Gobierno central es propietario al menos desde 1865, cuando se encuentra la primera inscripción en el registro de Inca, de la parte de la montaña del Castell en la que se ubican las murallas. La parte superior tiene otros dos dueños. Uno es la familia Ordinas, con la cual el Govern había pactado la compra por valor de algo más de un millón de euros con fondos de la ecotasa. Con la pandemia de la covid-19, el Ejecutivo autonómico aplazó el trato para dedicar el dinero a otras necesidades. El tercer propietario es la Fundació Castell d’Alaró, integrada por el Consell, el Ayuntamiento y el Obispado. Sus posesiones se concentran alrededor de la ermita.
En el castillo se refugiaron durante ocho años y seis meses los últimos cristianos de Mallorca tras la invasión musulmana del 902/903, fue conquistado por Jaume I en 1231 y en 1285 fue escenario del encontronazo entre histórico y legendario de Cabrit y Bassa con Alfons d’Aragó. Pese a su importancia histórica y monumental, la pasividad de Madrid y la acción del tiempo y de los vándalos sobre las antiguas piedras causaban estragos en el monumento. El propietario no invertía y las instituciones de la isla no podían hacerlo porque la ley les impide gastar en un bien del que no son propietarios. Un callejón sin salida, que ahora puede encontrar una solución gracias al acuerdo entre el Gobierno central y el Consell de Mallorca.
El decreto de presidencia queda ahora pendiente de que Patrimonio del Estado realice «los trámites necesarios» hasta la formalización efectiva de la cesión del bien a favor del Consell de Mallorca. El organismo insular ha presentado, a instancia de Madrid, un informe del departamento de Patrimonio que dirige Kika Coll en el que se han explicado los valores históricos, patrimoniales, arqueológicos y etnológicos del Castell. También se ha tenido que informar de las intervenciones realizadas, diagnóstico de la situación y previsiones de intervención en el recinto. El director insular de Territorio, Miquel Vadell, ha elaborado un estudio para justificar la necesidad y conveniencia de la cesión.
Los informes arqueológicos han denunciado las patologías que presenta todo el sector de la entrada, especialmente el gran aljibe. La situación de la denominada torre tres, el portal de la torre dos y toda la muralla occidental amenazan la integridad del conjunto. El sistema hidráulico de la zona denominada sa Mola, de origen islámico, se encuentra con uno de los aljibes apuntalado desde hace más de una década. La torre denominada de la Cova de Sant Antoni amenaza ruina inminente, pese a tratarse de uno de los escasos testimonios de torres islámicas conservados en la isla. La situación no es nueva, el Pla de Castells de 1997 ya calificaba como crítica la conservación de los restos.
Pese a que en 2009 los Presupuestos Generales del Estado comprometieron una inversión de tres millones de euros hasta 2012, no se dedicó ni uno solo a paliar el deterioro de la histórica fortificación. Ni siquiera el compromiso firme y público de la ministra de Cultura Ángeles González Sinde en el Senado, a instancias del senador Pere Sampol, cambió la dejadez secular de la Administración Central hacia un bien histórico del que aún hoy es propietaria, aunque quizás por poco tiempo.
