Cuentan las crónicas que la intención de fundar un nuevo partido, manejada por Joan Monjo, tiene bastante que ver con el segundo derrumbe de El Pi que el partido regionalista padece estos días. Ninguna sorpresa, porque nada de lo que toca o se aproxima al alcalde de Santa Margalida permanece estéril a la polémica y, lo que resulta más preocupante, al cuestionamiento de la pluralidad y, en algunos casos, los principios democráticos esenciales. Joan Monjo da un paso más hacia el monopolio de la verdad y la opinión. Fiel a su modo personalista y controvertido de hacer las cosas, la novedad de hoy está en que en las instalaciones municipales de La Vila, Can Picafort y Son Serra no habrá más acto público ni convocatoria aparte de las que merezcan el visto bueno del alcalde. El PP, socio de gobierno, queda privado de tal prerrogativa. Es la forma con la que debe expirar su osadía de haber tolerado en la biblioteca de Can Picafort un acto del Frente Obrero en el que la organización no devaluó los calificativos de «cacique» y «blanqueador del fascismo» que desde hace tiempo tiene asignados a Monjo.
Podemos discutir determinadas acciones usadas en la vía pública por Frente Obrero, pero lo inoportuno de algunas de sus estrategias -hay multas de por medio- tampoco pueden justificar el exceso de celo de la Policía Local al identificar de modo intimidatorio a quienes no hacen la ola al alcalde. Lástima que la profesionalidad de los agentes se deje enturbiar por las miserias de la política. Y ocurre con excesiva frecuencia, no solo en el municipio de Santa Margalida. Joan Monjo se reivindica y consolida a sí mismo al precio de poner en apuros expresiones y derechos cívicos. Es un coste demasiado caro y peligroso para la sana convivencia.
