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Manacor entra en la lista de morosos del Govern por no pagar 117.190 euros a Ports

El Ayuntamiento aprueba una moción de urgencia para pagar una factura derivada de las obras de reforma del talud de Porto Cristo en 2019 y que ahora el ejecutivo le reclama si quiere recibir ayudas y subvenciones públicas

Imagen del talud de Porto Cristo donde se llevó a cabo la actuación de seguridad. Sebastià Sansó

El ayuntamiento de Manacor está oficialmente en la lista de morosos de la Agència Tributària de les Illes Balears. El impago, a finales del año pasado, de una factura de 117.190,04 euros en favor de Ports IB hace que en estos momentos no pueda acogerse a ninguna subvención o línea de ayuda pública del Govern, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas públicas locales.

El propio alcalde de Manacor, Miquel Oliver, confirmaba durante el pleno de anteanoche, la necesidad de aprobar una moción de urgencia para poder pagar dicha cuantía «para no perjudicar al consistorio», desencallar la situación «y ver a partir de ahora si reclamamos la factura, ya que muchos de nuestros técnicos consideran que es injusta».

El problema viene a raíz de las obras para rehabilitar el talud que hay cerca del Club Náutico de Porto Cristo, desarrolladas durante la primavera-verano de 2019 con el fin de evitar la caída de piedras de grandes dimensiones sobre la calzada de acceso al puerto deportivo. Durante años el consistorio manacorí requirió a Demarcación de Costas y al propio Club Náutico (como concesionario) que arreglaran un entuerto que llegó a impedir el paso de personas y vehículos durante años.

Fue ya en enero de 2019, cuando el Govern (a través de Ports), asumió la responsabilidad… o eso parecía. En una reunión llevada a cabo el 24 de enero en el ayuntamiento de Manacor entre la por entonces alcaldesa, Catalina Riera (El Pi), y el responsable de Ports IB, Xavier Ramis, este último anunció que un próximo acuerdo del Consell de Govern daría «luz verde a la puesta en marcha de las actuaciones que han de acabar con el peligro de desprendimientos que presenta el talud del acantilado de la ribera sur del muelle». Y añadió que «desde Ports ejecutaremos directamente las obras que permitirán asegurarlo; unas actuaciones que tendrían que estar listas el próximo verano».

El Consitorio no descarta reclamar el dinero porque los técnicos consideran que la factura es injusta

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Es por eso que los técnicos urbanísticos del Ayuntamiento quedaron sorprendidos cuando, el pasado 15 de noviembre, llegó una factura del Govern de más de 117.000 euros, por la parte proporcional que debía asumir la administración local de las obras efectuadas dos años antes. Al tiempo que se anunciaba que el Club Náutico asumiría también su parte. «Entendimos que no era nuestra responsabilidad, aunque vamos a pagar la factura de manera urgente (más el consiguiente recargo de demora) para evitarnos más problemas», lamenta Oliver, que de todas formas va a exigir la firma de un convenio entre las partes para lograr un consenso por esta zona verde no escriturada, y así reclamar el retorno del montante de la factura. De hecho esta semana habrá una reunión entre representantes del Ayuntamiento y de Ports IB para aclararlo todo.

Cabe recordar que el tramo de acantilado intervenido de unos 1.170 metros cuadrados es en buena parte de dominio público portuario; otra parte son terrenos privados y el resto tendrían que ser de competencia municipal, aunque el Ayuntamiento no posee el título de propiedad porque cuando se urbanizó el área no se formalizaron las cesiones urbanísticas correspondientes. Una complicada situación jurídica y urbanística que ha llevado al Ayuntamiento a la morosidad.

Las obras se presupuestaron en 221.590,84 euros y corrieron a cargo de la empresa pública Tragsa con un plazo de ejecución de catorce semanas. El tramo del acantilado donde se actuó tiene 233 metros de longitud y una altura media de doce metros.

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