El Servicio de Caza y Pesca Fluvial del Consell de Mallorca ha impuesto 186 sanciones en cuatro años (2017-2020), de las que 16 fueron infracciones muy graves, 77 graves y 94 leves, por incumplir la ley de caza de la comunidad autónoma y la orden de vedas.

Estos expedientes se abrieron a partir de las 375 denuncias interpuestas principalmente por los agentes de medio ambiente y guardas de campo del Servicio de Caza y Pesca Fluvial, pero también por agentes del Govern balear y de la Guardia Civil, especialmente del grupo del SEPRONA. La gran mayoría de los casos en los que no se impuso una sanción se debe a que el cazador en cuestión no llevaba la documentación pertinente, pero posteriormente la aportó.

Entre las sanciones muy graves (16) figuran cazar en un refugio de fauna y emplear medios prohibidos como redes japonesas, trampas, «cassettes» y armas no permitidas, o por disparar en zona de seguridad. También se encuentra la captura ilegal de especies, no sólo cinegéticas, sino también protegidas.

El Consell subraya que la lucha contra esta práctica es prioritaria y, «afortunadamente», es una tendencia a la baja.

Las infracciones muy graves tienen sanciones de entre 2.001 a 20.000 euros, así como la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante un plazo de dos a cuatro años.