El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha ratificado la condena a la que fue secretaria del Ayuntamiento de Sineu, que fue declarada culpable de un delito de prevaricación. La funcionaria municipal fue sentenciada a siete años de inhabilitación, lo que le impide ocupar cualquier cargo público de gestión en la administración.
Los jueces se han pronunciado sobre unos hechos que ocurrieron hace diez años. Margarita Mulet, que ya tuvo problemas por su paso por el ayuntamiento de Bunyola, había sido condenada en un pleito civil porque había dejado una deuda por el alquiler de un local que no había podido cumplir. El juzgado ejecutó la deuda y ordenó al ayuntamiento de Sineu que retuviera la parte proporcional del sueldo de la secretaria, para ir pagando lo que debía. Aunque inicialmente no se cumplió la orden y el juzgado tuvo que amenazar con iniciar un proceso de desobediencia, finalmente el Ayuntamiento retuvo una parte importante del sueldo de la secretaria para ir saldando la deuda.
El tribunal declara probado que la secretaria remitió un escrito al departamento de nóminas de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, con membrete y sello del ayuntamiento de Sineu y firmado por ella misma, en el que comunicaba que la retención mensual se limitaría a la cantidad de 300 euros.
Debido a que era precisamente la Mancomunitat la que elaboraba las nóminas con los datos e instrucciones que le remitían los distintos ayuntamientos, a la secretaria municipal de Sineu únicamente se le retuvo la cantidad mensual de 300 euros, que era inferior a la cifra que había señalado el juzgado.
Esta situación se prolongó durante varios meses, hasta que el alcalde de ese momento se dio cuenta de la irregularidad. El primer edil, en septiembre de 2011, envió un escrito a la Mancomunitat, pidiendo que se dejara sin efecto la orden que había firmado la propia secretaria municipal en su propio beneficio. La funcionaria fue declarada culpable de un delito de prevaricación y fue sentenciada a una condena de siete años de inhabilitación.
La secretaria no aceptó esta condena impuesta por la Audiencia de Palma y decidió recurrir ante el Tribunal Supremo. Alegó en su recurso que el Ayuntamiento no había sufrido ningún tipo de perjuicio económico. Además, alegó que tomó esta decisión por la mala situación económica que estaba arrastrando, ya que se estaba ocupando de la crianza de sus dos hijos y tenía dificultades para abonar la hipoteca de la vivienda, que finalmente perdió. Dijo que consideraba que estaba amparada por una ley de medidas de protección de deudores.
Ninguno de los argumentos de la secretaria ha tenido éxito, sino todo lo contrario, ya que la sentencia del Supremo es muy crítica con su comportamiento.
