Han debido pasar largos años para que la Justicia dé cuerpo legal a lo que la lógica y la simple observación del paisaje han estado dando por certero: la piscina y embarcadero de Pedro J. Ramírez en Costa dels Pins es un descomunal privilegio sin justificación posible desde el interés general o público.
Lo más significativo del caso, sin embargo, es que esta medida de gracia aventajada, por ser vos quien sois, había sido concedida por una Administración, un ministerio, complaciente. Solo el empeño de un particular y su capacidad de resistencia reconducen los hechos, la costa, hacia su posición y uso natural. Es posible que el pulso legal no haya acabado, pero algo se ha avanzado aún teniendo en cuenta que la polémica no se extingue.
