El pleno de Manacor aprobó este lunes hasta noventa facturas sin contrato pertenecientes aún al pasado ejercicio 2020, por un coste total de 132.436,13 euros. Una cantidad exagerada que despertó el interés de la oposición, que no dudó en criticar la acumulación, a estas alturas del año, de extrajudiciales de crédito. Muchas de ellas hacen referencia a la compra de material de obra como gravilla o cemento, con el fin de que la brigada pueda arreglar caminos rurales. «En los primeros cuatro meses de 2021 ya se acumulan nuevamente más de 3.300 euros en facturas sin contrato, las dos últimas por valor de 6.800 euros nuevamente en gravilla», criticó la portavoz de AIPC-SyS, Antònia Llodrà. «Nos alegra que se puedan arreglar caminos que hasta ahora estaban en mal estado, y cuántos más mejor, pero hay que hacer las cosas mejor, informar y no siempre por contratos de urgencia y siempre comprando el material al mismo distribuidor» añadió Catalina Riera (El Pi). Algo similar a lo expresado por Maria Antònia Sansó (PP), para quien el equipo de gobierno ahora presenta facturas extrajudiciales «cuando siempre las había criticado».

El concejal responsable de la brigada, Carles Grimalt, pidió reiteradas disculpas por la acumulación y dijo que ya se ha puesto en marcha el contrato para poder comprar grava, cemento y asfalto cuando se vaya requiriendo. «En su momento pensamos que ya que teníamos a trabajadores del programa Reactiva, debíamos aprovechar para acometer los trabajos».

Relacionado con ello, precisamente el pleno del ayuntamiento de Manacor aprobó anteanoche (con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición) el cambio del sistema de fiscalización. El cambio responde a la recomendación hecha por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de control interno del sector público estatal que regula el régimen jurídico del control interno a las entidades del Sector Público Local, «por lo que se sustituye la fiscalización de los ayuntamientos», explicó la delegada de Hacienda, Cristina Capó.

La nueva normativa estatal establece la obligatoriedad del control interno mediante la fiscalización y el control financiero, que se realizará mediante una auditoría anual. «Para poder llevar a cabo el control financiero es necesario cambiar el tipo de fiscalización, porque sino no habría tiempo para hacer esta auditoría anual», añadió Capó. Este cambio implica más rapidez en la tramitación del pago de facturas y tramitación de expedientes, más seguridad jurídica para los departamentos.

Comisaría de Porto Cristo

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, informó de la finalización de los trabajos para rehabilitar la comisaría de la Unitat Territorial de Costa (UTC) de la Policía Local en Porto Cristo, que hace un año tuvo que ser desalojada por problemas estructurales. Los agentes, que hasta ahora estaban en unas dependencias cercanas a la Tercera Edad, podrían volver en unos días, siempre que el inspector dé el visto bueno a trabajar un mes y medio sin aire acondicionado, el tiempo que tardarán los técnicos en instalar los aparatos.