Un joven de Santa Margalida vinculado a una formación política llamada Frente Obrero ha recibido en los últimos días la resolución de tres sanciones del Ayuntamiento que suman 6.750 euros. El motivo, según el afectado, Alexandre Jordi Hoffmann, es que el pasado año colgó diversos carteles por el municipio en los que se criticaba la decisión municipal de mantener al magnate Juan March como Hijo Ilustre de la localidad y se acusaba al actual alcalde Joan Monjo de ser «heredero del franquismo».
Los hechos que han desembocado en las citadas sanciones ocurrieron en julio del pasado año, cuando el Ayuntamiento, gobernado por la Convergència de Monjo y el PP, decidió modificar un acta municipal de 1956 para desvincular a March del franquismo y así poder mantener el título honorífico del financiero ‘margalidà’ sin vulnerar la Ley de Memoria Histórica.
El grupo político al que pertenece el joven multado decidió entonces promover una recolección de firmas para declarar al alcalde Monjo como persona non grata y colgar pancartas en el municipio en las que se vinculaba al regidor con March y el franquismo. Al parecer, según denuncia el afectado, se le atribuye un «grave desperfecto del mobiliario urbano». A su entender, «las multas son totalmente injustificadas y sin ningún tipo de pruebas. El alcalde, en otra de sus actuaciones caciquiles, quiere atacarnos políticamente; si piensa que con esto va a pararnos, va muy equivocado», señala.
El partido Independents de Santa Margalida se ha solidarizado con el joven Hoffmann y en un comunicado explica que «no es la primera vez que activistas políticos del municipio padecen las consecuencias de querer hacer frente a actos políticos del jefe de Convergència (Monjo)». «El miedo por parte de la gente honrada al enfrentamiento tal y como lo encara el alcalde ha sido siempre su estrategia para quitarse a adversarios de delante», añade la formación progresista, que siente «vergüenza y profunda decepción» al observar este comportamiento. «Rechazamos la venganza como instrumento de poder», concluye la formación, que está en la oposición municipal.
Por su parte, el alcalde Joan Monjo admitie las sanciones impuestas al joven activista, pero asegura que no tienen nada que ver con la crítica política, sino con el «cumplimiento de las ordenanzas», ya que «para poner publicidad en la vía pública (en referencia a las pancartas) hay que pedir permiso al Ayuntamiento».
Monjo añade que «las ordenanzas son para cumplirlas» y recuerda que el Consistorio también abrió expediente a agentes de la Policía Local por repartir pasquines hace unos meses. El alcalde define al joven activista como un «tipo raro» que quiere polemizar con él para «publicitarse». «Y no voy a jugar a este juego», zanja.
