El colectivo Units per Conservar ha presentado 19 alegaciones al plan de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de Tramuntana que ha puesto en marcha la conselleria de Medio Ambiente para cumplir el mandato judicial relacionado con la servidumbre de paso a Cala Castell y el Castell del Rei, en el municipio de Pollença. Esta entidad reclama al respecto que se permita el acceso todo el año a la citada playa con limitaciones y no solo entre los meses de febrero y agosto, tal y como plantea el Govern, que «ha reconocido un uso privativo en esta playa de dominio público marítimo-terrestre que no ha afectado a los criterios de conservación y que ha restringido el acceso al resto de la ciudadanía».
Según Units per Conservar, la pretensión del Govern de encontrar un equilibrio entre la conservación de la Serra y las actividades humanas «ha resultado ser un fracaso y una falacia» porque «se ha penalizado el uso social del monte», por lo que se aboca «al fracaso» la gestión de la Serra.
Units considera que el hecho de basar la gestión en prohibiciones, restricciones «y una persecución cada día más atroz del montañero, proponiendo sanciones a deportistas de alto nivel», ha roto el citado equilibrio.
Además, este colectivo conservacionista reclama que se elimine como zona de exclusión la pista de acceso y la fortaleza del Castell del Rei «al no corresponderse las justificaciones de cierre con la realidad», que se respeten las rutas del Puig Roig y se reabran las del Puig Major, entre otras alegaciones encaminadas a permitir el disfrute del medio natural en diferentes zonas de la Serra de Tramuntana. También solicitan la inclusión del concepto Bien de Interés Natural y no solo el Cultural en relación al sistema de autorizaciones en las zonas de exclusión y en las actividades de ocio, así como fijar excepciones a la regla general para permitir determinadas actividades. Otra alegación se refiere a la necesidad de reclasificar las zonas de Cala Sant Vicenç, Mirador des Colomer y Cala Figuera "tanto en el aspecto senderista como para el sector escalador" al entender que su cierre se basa en "justificaciones alejadas de la realidad". También instan a garantizar la gratuidad de las solicitudes para la práctica de deportes a nivel particular y para entidades sin ánimo de lucro.
