El ayuntamiento de Manacor quiere cerrar, de una vez por todas, el gran problema de no saber con certeza qué caminos son o no de carácter público en el municipio. Un tema que viene enquistado desde hace más de una década y en el que no se había trabajado desde 2015. Ahora, seis años después, se abrirá una nueva ponencia una vez resueltas las 26 alegaciones que quedaban pendientes. «Durante este tiempo se ha aprobado la ley de caminos de 2018, con lo cual ya tenemos un margen legal al que aferrarnos y al que ahora nos debemos adaptar», explica la concejala de Urbanismo, Núria Hinojosa, que apunta a que «debíamos cerrar un melón para abrir el definitivo». Eso quiere decir que ahora el Ayuntamiento activará la cuarta modificación del polémico catálogo original, con una serie de condicionantes fundamentales.
Así, está previsto que en unos tres meses el Consistorio licite un concurso para que una empresa privada se encargue de definir caminos y camades, medirlos uno por uno y estipular qué hacer con ellos, si deben ser descartados, recuperados o incluso expropiados.
«El Ayuntamiento lo que no puede es mantener toda la red de caminos rústicos, por eso hay que suprimir aquellos que solamente llevan a unos pocos chalés» y que por tanto son de facto privados. Eso quiere decir que todos aquellos de menos de 300 metros lineales, que lleven a menos de cuatro propiedades y que no conecten con otro camino, serán automáticamente eliminados del catálogo público.
Una cuarta modificación respecto a la última llevada a cabo durante la legislatura 2011-2015, que ahora también renovará la parte gráfica, fundamental a la hora de comparar visual y temporalmente dónde efectivamente existían caminos de paso público.
La nueva actuación municipal contempla, además, la posibilidad de «si no se llega a un acuerdo pactado» se pase directamente a la expropiación de los caminos que se demuestre que históricamente han sido de tránsito público. Lo que podría afectar directamente a sendas tan emblemáticas como las que llevan a las calas vírgenes de Cala Varques o Cala Falcó. «Lo que no puede ser es que de cada vez más, y sobre todo en la costa, vecinos impidan el paso al resto de manacorins que tienen todo el derecho de poder ir a las playas de forma ordenada y tranquila, sin encontrase con piedras o barreras», sentencia Hinojosa, que dice que si es necesario llegará «hasta el final».
