La inquietud y las señales de alarma lanzadas por los trabajadores de Majorica estaban plenamente justificadas. Por vía de resolución judicial llega la confirmación de que la continuidad laboral de buena parte de la plantilla no está asegurada y, por tanto, se disipa la posibilidad de nuevo propietario a la vista. Aunque el juez no lo diga, pero sí es uno de los efectos colaterales de su decisión, también queda patente que la solidaridad social y la proximidad formal de las autoridades siguen siendo insuficientes para despejar el horizonte de Majorica. Algo más serio y decidido habrá que hacer. La empresa perlera insignia de Manacor está en concurso de acreedores. El administrador judicial había propuesto dar por buena la puja de 10 millones de euros hecha por el empresario francés Gregorie Boutoux, propietario de Majolaperla. Con ello se podría cumplir con los acreedores, pero quedan en el aire 181 de los 279 trabajadores con que cuenta Majorica. Esta volatilidad laboral ha sido determinante para que el juez rechazara la propuesta del administrador. El titular del juzgado de lo Mercantil 1 de Palma recuerda que un concurso de acreedores debe cumplir por igual con la finalidad de salvar deudas y la de asegurar la estabilidad laboral. Este segundo requisito no se ha dado en la oferta de Majolaperla, mucho menos ahora, con una coyuntura sociosanitaria que mantiene a muchos asalariados sujetos a ERTE y otras ayudas, como se encarga de contextualizar el propio juez. En pocas palabras, se prolonga la incertidumbre, y esperemos que no la agonía, de Majorica, pero más vale una prórroga que una solución precipitada en contra del sustento real de la empresa, los trabajadores. Se abre, de todos modos, la posibilidad de una nueva subasta entre interesados que ya saben a qué atenerse.
