Todos los consistorios que han gobernado Sóller entre los años 1987 y 2016 están bajo el punto de mira de la Fiscalía de las Illes Balears, que ayer remitió al ayuntamiento solleric un oficio para que dé explicaciones por la aparición de expedientes del área de Actividades, Obras y Urbanismo, algunos de los cuales estarían sin tramitar. La fiscal Rosario García ha abierto diligencias de investigación penal sobre unos hechos que recientemente fueron descubiertos de forma casual durante unas labores rutinarias de ordenación del archivo municipal.
De este modo, los distintos ejecutivos que han gobernado Sóller durante 30 años están en la lupa de la Fiscalía por su gestión en el área de urbanismo. Durante estas tres décadas Sóller ha estado gobernado por siglas de todo el espectro político.
Los hechos que ahora pasan a estar bajo investigación penal son fruto del trabajo de ordenación del archivo municipal. El archivista municipal recopiló centenares de expedientes administrativos que supuestamente estaban sin tramitar durante las tareas de clasificación del archivo administrativo del Ayuntamiento. La cifra varía entre el millar y los 1.500, según las fuentes consultadas. El edil de urbanismo de Sóller, Jaume Bestard, se vanaglorió en redes sociales por haber descubierto tan importante volumen de expedientes sin tramitar. Sus declaraciones realizadas en medios han servido ahora para que Fiscalía abra diligencias penales contra el ayuntamiento de Sóller y su gestión en el área de urbanismo.
A raíz de la información periodística, la fiscal Rosario García remitió ayer un oficio al Ayuntamiento en el que informa de la apertura de diligencias de investigación. A su vez, la fiscal pide información acerca de los expedientes que supuestamente el archivista habría descubierto durante sus tareas de ordenación de la documentación administrativa depositada en un almacén situado en el edificio consistorial.
Esta documentación está formada por expedientes administrativos tramitados desde urbanismo, pero no solo relacionados con obras e infracciones urbanísticas. También están otros relacionados con el área de actividades.
El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, que manifestó sentirse «tranquilo», aseguró ayer que el ayuntamiento «colaborará con la Fiscalía» y aportará la documentación requerida. No obstante, el primer edil no ocultó su «sorpresa» por la investigación penal abierta a raíz de un trabajo que calificó de «ordinario» promovido en un departamento que gestiona El Pi, partido que firmó un pacto con el PP en 2020. El alcalde manifestó su «total tranquilidad» porque «se estaría dando una falsa imagen de que durante 30 años se habrían ocultado expedientes de infracción urbanística cuando la documentación almacenada es de muchas otras más cosas».
Prescripción
La mayor parte de los expedientes que supuestamente se han ocultado durante años habrían prescrito. Y es que la información requerida por la Fiscalía hace referencia a documentos que están depositados en el archivo municipal. La investigación se para en 2016, ejercicio en el que se puso en marcha el sistema de gestión telemática.
