La energía fotovoltaica se presenta como bien útil y hasta necesario en esta isla derrochadora de sol pero provista de gafas oscuras que le impiden tener una adecuada perspectiva de la realidad. No digamos ya del equilibrio y de la programación posible. Por eso mismo estamos a un paso de mutar desde la especulación urbanística a la energética. O de solapar la una sobre la otra, que es mucho peor. El equivalente a una Cabrera en porciones planea sobre Mallorca animado por el estímulo de las grandes subvenciones europeas para contrarrestar el desastre de la covid-19. No deja de ser significativo que los colectivos ecologistas, en principio firmes devotos de las energías limpias, se vean obligados ahora a hacer frente común para denunciar el exagerado consumo de suelo rústico que supone la proliferación de parques fotovoltaicos. El momento es crítico, es decir, determinante. La reducción de trámites legales, la simplificación de autorizaciones y las consistentes ayudas económicas pueden hacer que el deterioro paisajístico tenga consecuencias de cortocircuito capaz de quemar un terreno necesario para una agricultura que necesita campo donde afianzar sus cultivos. La ley balear de Cambio Climático y Transición Energética se desvela como insuficiente porque no ha contemplado la planificación ni el consumo de territorio. Los ecologistas también desvelan que la comisión balear de Medio Ambiente informa casi de manera mecánica y en sentido positivo, todas las solicitudes de nuevos parques que se le presentan. Falta una reorganización inmediata. Aparte de las instalaciones de autoconsumo, la propuesta de aprovechar cubiertas y espacios degradados arroja luz sobre el reciclaje conveniente de los recursos disponibles.
