Algaida es, con mucha diferencia, el municipio mallorquín donde más demoliciones de obras ilegales en suelo rústico se han ejecutado en los últimos cuatro años, desde 2017 hasta 2020, ambos incluidos, por orden de la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca, el organismo que se encarga de velar por la legalidad en la foravila de los municipios adheridos, que en la actualidad son 34. La localidad del Pla acumula en el citado periodo un total de 68 casos de derribos realizados en suelo rústico, mientras que también lidera la clasificación de las demoliciones ejecutadas únicamente durante el pasado año 2020, con un total de once casos.
En total, la ADT ordenó a lo largo del año pasado 102 demoliciones en la foravila de Mallorca, lo que supone un ligero descenso con respecto al año anterior 2019, cuando se llevaron a cabo 124 derribos de construcciones ilegales. En 2018 fueron 97 casos.
Las cifras contrastan con la actividad de la agencia de disciplina urbanística durante sus primeros seis años de existencia. Y es que desde 2009 hasta 2015 solo se ejecutaron 19 demoliciones en Mallorca, mientras que en los últimos cuatro años se han producido 404 casos. En este sentido, la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, explica que antes «se imponían sanciones y también se ordenaban demoliciones, aunque finalmente no se ejecutaba ninguna de ellas; actualmente, la ciudadanía sabe que esto ya no pasa».
El hecho de que Algaida sea el municipio con más demoliciones ejecutadas en los últimos años se explica, en parte, porque la del Pla es una de las localidades que se adhirieron a la ADT desde su creación hace doce años. De hecho, es la misma situación de otros dos municipios que acumulan numerosos casos desde 2017, Marratxí (42 demoliciones) y Montuïri (23). «Son los municipios donde la Agencia ha tramitado una cantidad más elevada de expedientes, ya que hace mucho más tiempo que forman parte de la ADT», precisa Garcías.
Los municipios con más derribos desde 2017, después de Algaida, son Marratxí, Felanitx (26), Montuïri, Selva (17), Pollença (17), Artà (17), Andratx (15), Mancor (13) y Puigpunyent (12).
Los datos del pasado año 2020 también ubican a Algaida a la cabeza de la clasificación, con once casos, seguido de Artà (10), Montuïri (9), Marratxí (8), Pollença (6) y Búger (5). Cabe destacar que localidades que se han sumado a la ADT en los últimos años ya acumulan un número significativo de derribos como Felanitx, Pollença, Artà o Selva.
El Consell destaca que de las 404 demoliciones de los últimos cuatro años, un 93% (377) han podido acogerse a las reducciones del 80 y el 90 por ciento de la sanción establecida por ley «porque han sido ejecutadas por los propietarios dentro del plazo voluntario».
El procedimiento pasa por que el responsable de obras ilegales en suelo rústico presente ante su ayuntamiento un proyecto de legalización en el caso de que las obras puedan regularizarse. En caso contrario, debe presentar un proyecto de demolición. La consellera Garcías apunta que estos trámites «generan ingresos nuevos a los ayuntamientos por el impuesto de construcción y las tasas del proyecto». La ADT calcula que estos ingresos han supuesto en el conjunto de los ayuntamientos adheridos a la agencia una cantidad de 1,5 millones de euros.
La agencia ya vela por la disciplina en 34 localidades
El pasado 8 de abril, el ayuntamiento de Lloret de Vistalegre decidía vía pleno su incorporación a la Agència de Defensa del Territori de Mallorca, que tras esta última inclusión ya controla el urbanismo en el suelo rústico de 34 municipios de la isla. Hace pocos meses también decidieron sumarse las localidades de Santa Eugènia, Andratx, Consell, Calvià y Binissalem.
La influencia de la ADT ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Así, durante los dos primeros años de vigencia, 2009 y 2010, solo había seis municipios adheridos. Además, durante los años siguientes, entre 2011 y 2014, ninguna localidad decidió sumarse. No obstante, entre 2015 y 2019 se produjo un boom y 21 municipios de la isla decidieron adherirse a la agencia.
«Año tras año se consolida la actividad de este organismo para proteger la legalidad urbanística en suelo rústico», destaca la consellera insular Maria Antònia Garcías.
