El TSJB celebrará el jueves la vista previa del juicio por diversos presuntos delitos contra el exregidor de El Pi de Andratx, Jonás Palomo Sánchez, que ocupó el cargo de concejal de Vías y Obras entre enero de 2016 y febrero de 2017, cuando fue expulsado del partido regionalista al constatarse diversas irregularidades durante su gestión. El Ayuntamiento, gobernado entonces por PP y El Pi, remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y derecho de sufragio pasivo durante diez años por el delito de malversación en concurso con el fraude a la administración, además de otros 11 años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación administrativa. También reclama una indemnización directa al ayuntamiento de Andratx con la cantidad de 14.812 euros.
El fiscal concluye que el acusado «aprovechó sus facultades de gestión y contratación en beneficio propio y perjuicio al ayuntamiento de Andratx» ejecutando contrataciones para adquirir suministros a diversas empresas que «no tenían justificación», además de que muchos de los suministros "ya estaban contratados, existían en stock en los almacenes municipales o eran innecesarios", con un coste de 28.000 euros y un perjuicio a los fondos municipales de 14.812 euros.
Según se desprende del escrito de acusación del fiscal, "las adquisiciones de suministro tenían un precio muy superior al de mercado, por lo que suponían un grave perjuicio económico". Además, las contrataciones "se hicieron de manera arbitraria, sin justificación de precios y sin libre concurrencia". Entre el material adquirido figuran artículos de limpieza "que ya estaban incluidos en la contrata de limpieza de la vía pública". Asimismo, la adquisición de material eléctrico "resultó innecesaria y se desconoce el destino de todo lo adquirido". Parte de las facturas por un importe máximo de 17.000 euros "fueron devueltas por el Ayuntamiento".
La Fiscalía atribuye al exregidor de Andratx los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y fraude.
