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La Fiscalía archiva la denuncia penal de los hoteleros de Muro por vertidos en la playa

Insta a los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida a «acercar posturas» para preservar el equilibrio natural

Imagen de las balsas de la actual depuradora que comparten la playa de Muro y Can Picafort.

Imagen de las balsas de la actual depuradora que comparten la playa de Muro y Can Picafort.

La Fiscalía de Balears ha archivado, a propuesta de la fiscal Rosario García Guillot, las diligencias de investigación penal que había abierto en septiembre de 2020 a raíz de una denuncia interpuesta por la asociación hotelera de la Playa de Muro por «dejación de funciones» contra las personas y las instituciones implicadas en el saneamiento insuficiente de las aguas fecales en la actual depuradora que comparten la playa de Muro y Can Picafort y que produce vertidos en la costa.

La Fiscalía instó entonces a los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida a informar acerca de las medidas adoptadas en relación al tratamiento de las aguas residuales de la zona por la problemática derivada del funcionamiento de la actual depuradora y de los trámites llevados a cabo sobre la construcción de una nueva estación en Can Picafort.

Los denunciantes consideraron que la conselleria de Medio Ambiente no está solucionando el problema y que el mal funcionamiento de la depuradora de la playa de Muro «compromete el equilibrio natural del parque natural de s’Albufera y la salud de los vecinos y visitantes». Por ello, reclaman la construcción de una nueva depuradora para tratar las aguas de Can Picafort.

Después de revisar la documentación remitida por los ayuntamientos de Muro y Can Picafort, la fiscal advierte que la problemática derivada de los vertidos en la playa de Muro por la mala depuración de las aguas residuales «sigue sin resolverse, con las consecuencias tan negativas que ello conlleva en la salud de las personas, el medio natural y, consecuentemente, en la actividad hotelera de la Playa de Muro».

No obstante, el escrito de la fiscal Rosario García considera que «no cabe afirmar la existencia de un delito de vertidos, tipificado en el 325 del Código Penal, de comisión por omisión», ya que «no ha existido una conducta pasiva o totalmente omisiva en relación a la evitación de los vertidos». Además, «de la amplia documentación aportada en estas diligencias se constata la existencia de multitud de trámites llevados a cabo tanto por los ayuntamientos como por los demás organismos públicos que han intervenido, así como de inversiones llevadas a cabo para la mejora del funcionamiento de la EDAR existente».

Por todo ello, «procede el archivo» de las diligencias informativas. Asimismo, la fiscal «insta a los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida a que acerquen posturas» para evitar vertidos en sus playas y «para preservar el equilibrio de su medio natural, la salud de sus vecinos y visitantes y, consecuentemente, su economía derivada de la actividad hotelera».

El escrito se refiere también a las «posturas encontradas» que mantienen Muro y Santa Margalida al respecto, ya que el primer municipio «postula la separación del saneamiento por municipios» mientras que el segundo «propone la ampliación y mejora de la EDAR de la playa de Muro, oponiéndose a la construcción de una nueva depuradora». Cabe recordar que Muro recurrió el acuerdo de Santa Margalida que resolvió el convenio suscrito con el Ibasan en 2005 para construir una nueva estación de saneamiento en su municipio.

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