El Gobierno ha aprobado una subvención que permitirá exhumar la fosa común de sa Torre Nova, en Sant Llorenç. Se trata de una ayuda que ha concedido el ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La partida ha sido concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. Así, a través de estas ayudas se van a financiar las actuaciones que los Ayuntamientos lleven a cabo para investigar, localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas en fosas durante la Guerra Civil y el franquismo. El montante total en el conjunto del Estado suma 750.000 euros. Como el fondo se distribuye a través de la FEMP, el ministerio no ha detallado la cantidad que irá a parar a la exhumación de la fosa de sa Torre Nova.

Además de esta partida destinada a la FEMP, la secretaría de Estado de Memoria Democrática concedió en diciembre 66 subvenciones en todo el territorio español destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, además de a universidades y organismos públicos de investigación, así como a las agrupaciones de personas físicas que tengan incorporados entre sus objetivos la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil.

Plan de choque

Estas dos líneas de ayuda conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática en el que ha invertido 1,5 millones de euros, de los que 1,2 millones van a ser destinados a labores de exhumación.

Este plan pretende ser una fase transitoria hasta que se ponga en marcha el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, que cuenta con una financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un total de cuatro millones de euros, tres para las comunidades autónomas y uno para las entidades locales, a través de la FEMP.

Con estas ayudas, el Gobierno da un importante impulso a las políticas de memoria en España, un compromiso que se ve, además, sustanciado en la nueva Ley de Memoria Democrática, que debe ser aprobada en las Cortes.