El urbanismo mallorquín no depende del Govern y mucho menos del Consell. Es ejecutado por los cinco titulares del Tribunal Superior de Justicia de Balears, con los resultados fácilmente visibles en los alrededores. La tradición no podía invertirse en el Túnel de Sóller, donde el órgano que sentenció que un alto cargo del PSOE es incompatible con una farmacia por las mismas razones por las que un alto cargo del PP es compatible con una farmacia, también ha decretado que los ciudadanos han de seguir pagando las facturas de la obra pública más cara de Balears.
La concesión del Túnel de Sóller finalizaba el año próximo, y el rescate caprichoso del Consell de Miquel Ensenyat era un contrasentido de precio estratosférico antes del actual recargo. Sin embargo, lo fascinante es la previsibilidad, saber de antemano que si las autoridades progresistas y solo ellas se atreven a desclasificar terrenos en Andratx, los mallorquines habrán de desembolsar decenas de millones de euros por la osadía de su voto. No tienen derecho a decidir el aspecto de su isla. Solo la ingenuidad o la perfidia situarán al demandante privado como el débil en estas pugnas.
De continuar la procesión procesal, no sería la primera vez que el Tribunal Supremo trata con singular dureza a la sala contenciosa del TSJ. Por ejemplo, cuando le recordó en Son Espases que las leyes estaban para cumplirse. Sin embargo, tres décadas después de la concesión corrupta destapada por la decisión de Sadam de invadir Kuwait, los mallorquines vapuleados tienen derecho a enterrar la maldición del Túnel. La obra impúdica prescribió para sus autores y juzgadores, nunca para los ciudadanos obligados a pagarla eternamente.
