Las murallas físicas no son las más complicadas de franquear. Las mentales y burocráticas resultan más inexpugnables, sobre todo si van acompañadas de un foso de apatía, desinterés y falta de sensibilidad por el patrimonio único y público, por tanto de una afrenta al bien colectivo. Cuanto está pasando con el Castell d’Alaró así lo demuestra, una vez más.
Ahora parece que al fin el Estado lo va a ceder en parte al Consell de Mallorca y ya no será posible posponer por más tiempo la restauración de lo poco que queda del recinto, especialmente de las partes de la muralla que amenazan ruina mientras se ven en la tesitura de repeler constantes ataques desiguales, tanto por parte del deterioro y las tormentas naturales como los más injustificables del vandalismo humano. Y cada vez están más débiles para mantenerse en pie porque han pasado demasiados siglos y un exceso de abandono sobre ellas.
Uno de los aspectos más estridentes de la operación que, según se asegura, está a punto de culminar con éxito, es el hecho de que el Gobierno exija un compromiso de mantenimiento por escrito por parte del Consell. Es decir, que la Administración del Estado demanda lo que ella misma no ha cumplido en una zona arqueológica y monumental que desde el año 1931 cuenta con el grado de protección equivalente al de Bien de Interés Cultural.
Faltaba “la voluntad política” de cesión, dicen, pero también se asegura que la cuestión se ha desbloqueado porque se ha dado “con la persona adecuada en Madrid”. Por si acaso quedara alguna duda, se vuelve a demostrar que al final son las personas y no las insípidas instituciones las que salvan las cosas.
La conservación llega porque en Alaró ha habido personas con nombre y apellido que han sabido a qué puerta llamar y argumentar y documentar la realidad.
