Sigue la polémica en Pollença por la vacunación de la regidora de Servicios Sociales, Francisca Cerdà, y las pruebas PCR que tanto ella como el alcalde Tomeu Cifre se han hecho de forma periódica con dinero público. Este martes, los tres partidos de la oposición, Junts Avançam, Alternativa y Podem, han exigido la dimisión de los dos políticos y que abonen de sus respectivos bolsillos los 4.000 euros que, según estas formaciones, «habrían costado de forma aproximada las PCR que se han ido haciendo desde mayo y de forma quincenal en un clarísimo abuso de poder y malversación de fondos públicos».

Además, señalan que ni el alcalde ni la regidora han explicado qué cargo técnico o político ha autorizado estas pruebas con cargo al erario público y añaden que «seguramente son los dos únicos cargos políticos de las islas que se han hecho pruebas PCR rutinarias sin ser personal de riesgo». Los tres partidos recuerdan que «la amplia mayoría de los trabajadores públicos y de los servicios esenciales del sector privado no se hacen de forma sistemática pruebas PCR a cargo del sistema público de sanidad, sino que las asumen, si quieren hacérselas, con su propio dinero».

En este sentido, el alcalde Tomeu Cifre negó que estas pruebas a las que se han sometido periódicamente tanto él como la regidora Cerdà hayan costado 4.000 euros. «No sé de dónde sacan esta cantidad», señaló antes de aseverar que «nadie paga una PCR hecha por el servicio público de salud».

Los tres partidos reiteraron la petición de dimisión para los dos políticos «por saltarse el protocolo de vacunación» en el caso de la regidora y «por haberla encubierto» en el caso del alcalde. Acusan a ambos representantes de «mentir a la ciudadanía desde el primer momento».

La oposición no comparte los argumentos ofrecidos por el alcalde y la regidora en la rueda de prensa del lunes. «A pesar de las excusas, es un hecho innegable que la regidora Cerdà ha vulnerado el protocolo de vacunación, lo que constituye un auténtico abuso de poder y de utilización de su cargo público en beneficio propio». «Debería ser motivo de dimisión inmediata por el bien de las instituciones públicas o de destitución fulminante por parte del alcalde», añaden.

Asimismo, la actuación de Cifre le «invalida» para ejercer de alcalde «con la honestidad que merece el cargo», ya que le acusan de conocer la «mala praxis política» y de «encubrir» a la regidora sin hacer autocrítica.

Tras consultar la estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España, publicado el 18 de diciembre de 2020 y actualizado el pasado 21 de enero, las tres formaciones aseguran que el argumento utilizado por el alcalde y la regidora para justificar la vacunación de esta última «cae por su propio peso». «Ella no es residente ni personal sanitario o sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes; tampoco es personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario», sostienen. «Tampoco es una persona que trabaja en el centro, sino un cargo político que no puede ejercer ninguna tarea profesional propia del personal sanitario», añaden.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la residencia municipal cuenta con un director desde hace meses, se preguntan «por qué la regidora supuestamente tiene que estar cada día en la residencia» y «qué tareas desarrolla». Los partidos afirman que el alcalde y la regidora «necesitaban una excusa para justificar la vacunación y han interpretado el protocolo como más les ha convenido cuando este no contempla de ninguna manera la vacunación para personas que tienen un cargo como la señora Cerdà».