En Pollença, al igual que en todas partes, se necesitan ya, como el pan de cada día, pruebas para determinar la incidencia real y las oscilaciones del coronavirus. También las vacunas, todavía escasas, para hacerle frente con solvencia, pero es muy posible que en el ámbito municipal de Pollença sean imprescindibles además, de forma paralela, otro tipo de comprobaciones, unas pruebas capaces de determinar la solvencia democrática y el discernimiento entre lo público y lo privado de determinados miembros del consistorio, preferentemente del equipo de gobierno y sin posibilidad de exclusión para el alcalde, Tomeu Cifre. Lo decimos porque la política municipal de Pollença lleva ya demasiado tiempo inmersa en una sucesión de batallitas, polémicas y evasivas que van mucho más allá del carácter anecdótico que puedan tener. Afectan de lleno al deterioro de la calidad del servicio público y a la rendición de cuentas y la transparencia obligada para todo cargo electo. Por si no bastaran las contaminaciones negadas o el juez convertido en objeto de pleito, por nombrar solo lo más reciente y llamativo, ahora Pollença registra una versión local de aprovechamiento de pruebas PCR y posible vacunación por la tangente. El alcalde Cifre y la regidora de Servicios Sociales admiten que se han sometido a pruebas de la covid-19 con cargo al erario público. El silencio ante la interpelación sobre la vacunación de la concejala eleva al máximo las sospechas existentes. La oposición, un tanto impotente, anuncia en bloque una moción de reprobación por abuso de poder y el alcalde, como acostumbra a hacer en estos casos, saca pecho. Los pollencins merecen más dignidad y lealtad.
