El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), desató una tormenta política en el pleno del jueves al admitir que tanto él como la regidora de Servicios Sociales se han sometido a pruebas PCR de forma «periódica» sufragadas por el «sistema público». Esta afirmación motivó ayer que los tres partidos de la oposición anunciasen la presentación de una moción de reprobación contra el alcalde y la regidora por «abuso de poder» al entender que los dos cargos municipales «durante meses se han saltado la normativa que regula estas pruebas», ya que «la inmensa mayoría de los trabajadores públicos y de servicios esenciales del sector privado, que están diariamente en contacto con gente muy diversa, no han tenido nunca acceso a este tipo de pruebas» y han tenido que pagárselas de su propio bolsillo.

El caso explotó al finalizar la sesión, cuando el exalcalde Miquel Àngel March, portavoz de Junts Avançam, quiso hacer una última pregunta motivada por el «clamor social» existente en Pollença sobre si la regidora de Servicios Sociales, Francisca Cerdà, se ha vacunado contra la covid-19. La pregunta no obtuvo respuesta por parte de la regidora, aunque el alcalde Cifre afirmó que «hay una serie de cuestiones que pueden ser confidenciales o no» y que «todo lo que se pueda haber hecho en Pollença se ha hecho en base a criterios médicos y con la autorización de la conselleria de Salud».

La regidora Francisca Cerdà.  | PIP

La regidora Francisca Cerdà. | PIP

Después añadió que tanto él como Cerdà se han hecho pruebas PCR con dinero público y finalizó el debate asegurando que «cualquier cosa que tenga que decirse ya se dirá cuando dispongamos de todos los datos». La regidora Cerdà aseguró ayer al Punt Informatiu de Pollença que no se ha vacunado, aunque su silencio en el pleno ante la pregunta directa de la oposición ha levantado suspicacias en el municipio.

Preguntas en el Parlament

A preguntas de este diario, el alcalde Cifre evitó ayer responder si la regidora se había vacunado contra el coronavirus apelando a la «protección de datos». Aseguró que la institución que debe responder a esta pregunta es la conselleria de Salud, porque «es una información sujeta a criterios médicos» y porque «la regidora Campomar ya lo ha preguntado en el Parlament».

El alcalde hace referencia a las preguntas dirigidas a la conselleria de Salud que han sido registradas esta semana en el Parlament por la regidora de Junts Avançam y diputada de Més en el Parlament Joana Aina Campomar sobre cuántas vacunas se han administrado en Pollença y cuántas personas no pertenecientes al sector sanitario se han inmunizado, además de preguntar «cuántos cargos públicos» del municipio habían recibido la vacuna y «cuántas personas (a excepción de sanitarios y residentes) se hacen pruebas periódicas de PCR o antígenos en el municipio de Pollença en cumplimiento de los protocolos establecidos».

En el pleno, el alcalde cargó con dureza contra Campomar, cuyas preguntas en el Parlament «son una de las pocas aportaciones que ha hecho a la vida política del pueblo». Ayer, Cifre la acusó de «aprovecharse de su posición» en el Parlament y de «no comparecer» por el Ayuntamiento «a pesar de los 700 euros que cobra cada mes».

Los tres partidos de la oposición municipal, Junts Avançam, Alternativa y Podem explotaron contra el alcalde y la regidora Cerdà por no querer responder a la pregunta sobre si esta última se había vacunado, lo que calificaron de «inaceptable», ya que «son los máximos responsables de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y de respetar las normativas y protocolos vigentes».

Por ello, presentarán una moción de reprobación contra ambos, a quienes exigen que «cesen inmeditamente la irregularidad de hacerse pruebas PCR a cargo de la sanidad pública» y que «expliquen cuántas pruebas se han realizado, las fechas, el número de cargos públicos y quién las ha autorizado», además de «responder de forma clara a las preguntas de la oposición sobre si han existido vacunaciones irregulares y fuera del protocolo».

En relación a la moción de reprobación que deberá debatirse en un próximo pleno, el alcalde señaló ayer que «están en su derecho de presentarla, ya veremos si la ganan o la pierden». Y es que el equipo de gobierno tiene la mayoría suficiente para tumbarla.