Volvemos a lo de casi siempre. El ayuntamiento, la administración más próxima al ciudadano, es el primero en pagar las consecuencias de las decisiones de organismos superiores, sobre todo si son negativas.
Al margen del crudo efecto sanitario de la ruda pandemia, en estos momentos no hay nada más sensible ni de mayor repercusión que las medidas adoptadas para intentar cercarla. Hay mucho que hablar sobre la cuestión. Nos quedamos, por exigencia de la actualidad, solo en la disposición del Govern que limita a consumiciones para llevarse el servicio de bares y restaurantes. En Palma empieza la rebelión callejera de los profesiones y empresarios del sector cuando, en la siempre más discreta Part Forana, la queja martilleante se ha filtrado ya en las casas consistoriales y a los alcaldes y compañía, que tienen nombre, cara y ubicación del perjudicado, no les queda más remedio que reaccionar. Lo hacen por necesidad y por sensibilidad. También porque saben que, en lo que hagan o dejen de hacer ahora, les va mucho de la imagen y rédito del actual periodo de gobierno y, asómbrense, hasta son capaces de alcanzar el consenso y la unidad de acción. No hay mal que por bien no venga. Con la experiencia que aporta la exclusiva de un cierre perimetral, el ayuntamiento de Manacor crea un gabinete de crisis un tanto rimbombante y tiene el coraje de hablar de «cuestión de estado». Se desprende de carpas en beneficio de bares y restaurante y perdona, al igual que Inca, tasas y tributos. Sin negar un ápice de la problemática que padece el sector y su clientela, cuando amaine el temporal, deberemos repensarnos el concepto y dimensión de las verdaderas «cuestiones de estado». Fijarnos también en que la restauración es solo la punta de iceberg de algo más gordo.
