La Fiscalía de las Illes Balears ha abierto diligencias de investigación al corte de agua que hizo el ayuntamiento de Sóller a la fuente pública situada en la calle de Sa Lluna el pasado mes de julio. La denuncia de un vecino ha propiciado que la fiscal Mercedes Carrascón haya incoado la investigación de los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito.
La fiscal encargada del caso ha remitido un oficio al ayuntamiento de Sóller informando de que se ha abierto la investigación, al tiempo que le insta a presentar toda la documentación relativa al proceso administrativo seguido por el municipio que dio pie a la resolución con la que se cortó el chorro continuo de agua a la fuente.
El proceso auspiciado por Carrascón es fruto de la denuncia que presentó ante la Fiscalía Fabián Cañavate, un vecino de la calle de Sa Lluna que asegura que una parte de los sobrantes del agua que salía por la fuente son de su propiedad. A partir de la denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si las acciones llevadas a cabo por el municipio se ajustan a derecho. Cañavate asegura que una parte del agua que se va por el sumidero de la fuente le pertenece de acuerdo con la escritura pública que dice poseer. Los hechos que ahora están en manos de la Fiscalía se produjeron el pasado julio. Con motivo de la pandemia por coronavirus el ayuntamiento decidió cerrar todas las fuentes de Sóller alegando que podrían facilitar la propagación del virus por el contacto de las manos con los grifos.
Con las fuentes cerradas, operarios municipales procedieron a cambiar el grifo de la fuente, por lo que cuando se restableció el suministro la de la calle de Sa Lluna dejó tener un chorro continuo de agua. La fuente de Sa Lluna venía chorreando agua desde tiempos inmemoriales, pero con el cambio de llave de paso sólo lo hace cuando se pulsa el botón.
Operarios del municipio colocaron un grifo provisional que, justamente hace unas pocas semanas, lo cambió por otro definitivo más acuerdo con la tipología de la fuente.
El corte de agua suscitó no sólo las protestas del vecino afectado que denunció el caso a la Fiscalía. Partidos políticos de la oposición municipal y vecinos de Sóller manifestaron su desacuerdo con la medida emprendida por el ayuntamiento por entender que afectaba a un emblema de la calle. Por su parte, el municipio alegó el ahorro de agua y de los costes de saneamiento.
