Los resultados, el tiempo y el esfuerzo invertido dan cuenta de la importancia de la misión. Es una necesidad plagada de dificultades que debería poder zanjarse cuanto antes, porque acumula demasiado retraso. Se ha puesto un alto precio a la dignidad en la tarea de exhumación de las víctimas represaliadas por el franquismo.
Los datos hablan claro. Desde que empezaron a destaparse fosas en Mallorca, en 2014, se han recuperado 92 cuerpos de entre los cuales solo se han podido confirmar 25 identificaciones. Falta de familiares, mal estado de los cuerpos y documentación desigual se vuelven, en demasiados casos, obstáculos insalvables.
Habrá quien intente aprovechar estas dificultades evidentes en motivo para reclamar el cese de las exhumaciones, especialmente en este tiempo de negación histórica y progresión de la extrema derecha, pero, desde el respeto a la dignidad y con elemental sentido de la justicia, las dificultades deben transformarse en un proceso de aceleración y unificación de esfuerzos para recuperar los cuerpos y darles el reposo digno de toda persona humana. Y los fusilados durante la Guerra Civil también lo son, quizás de forma acentuada, por elemental reparación de las vejaciones recibidas y las vidas robadas.
Queda mucho por hacer. En el próximo bienio habrá nuevas excavaciones en Selva, Mancor de la Vall, Santanyí y Manacor. Restan investigaciones pendientes para saber si caben actuaciones en una finca particular de Cala Sant Vicenç, en cementerios como los de Petra, Muro o Capdepera y aún si la mayor fosa común de Balears está bajo el asfalto de Palma.
«Es una obligación legal y un deber moral», dice la consellera Castro. Seguro, pero que se cumple con demasiado retraso habría que añadir.
