Varapalo judicial contra el ayuntamiento de Sóller. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha condenado al municipio a pagar 6,9 millones de euros por la expropiación forzosa del campo de deportes Infante Lois del Port de Sóller. El veredicto pone punto final a un largo litigio entre sus propietarios y el ayuntamiento.
La sentencia establece que además de liquidar el justiprecio el municipio deberá abonar los intereses de demora, algo que elevará aún más la indemnización.
El litigio que ahora se da por concluido comenzó en 2016, cuando el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Baleares emitió una resolución fijando en 6,9 millones de euros el valor del Infante Lois. Pese a que el ayuntamiento no estuvo de acuerdo con la resolución trasladándola ante los tribunales, hizo un primer pago de 1,7 millones de euros y otros 300.000 por intereses.
El conflicto que ahora ha desembocado en la sentencia de mayor cuantía a la que tendrá que hacer frente el consistorio solleric surgió en 1998, cuando el Plan General de Ordenación Urbana de Sóller (PGOU) clasificó los terrenos deportivos del Infante Lois como equipamiento público. Por entonces estos terrenos eran del Ministerio de Defensa que, al no ser estratégicos para la defensa nacional, acabaron por revertir a sus antiguos propietarios.
Los dueños del recinto instaron al Ayuntamiento a que expropiara los terrenos de acuerdo a lo que establece la ley, en tanto que la administración está obligada a hacerse con la propiedad de aquellos terrenos privados que urbanísticamente son declarados equipamiento público. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso a esta petición, por lo que los titulares del Infante Lois trasladaron el caso al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa pidiendo la aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 1976, que obliga a la administración local a la expropiación forzosa de los terrenos privados catalogados como equipamientos públicos recogidos en su planeamiento urbanístico en el plazo de cinco años desde su aprobación.
“Acatamos la sentencia”
El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, afirmó ayer que “acataremos la sentencia y pagaremos lo que establece”. El primer edil explicó que el Consistorio “tiene un colchón económico para hacer frente al pago”. No obstante, Simarro prevé mantener un encuentro con los propietarios de los terrenos para intentar negociar el pago aplazado de la deuda establecida en la resolución judicial.
Mientras tanto, el equipo de gobierno decidió ayer poner el freno al plan de inversiones aprobado hace menos de una semana por valor de seis millones de euros en tres proyectos de obra. Así, el alcalde explicó que paralizará el proyecto de reforma del cine Fantasio, valorado en 1,7 millones de euros, para destinar estos recursos al pago de la sentencia.
Carlos Simarro admitió que “esta sentencia tenía que caer de un momento a otro” por lo que “es mejor que haya sido ahora que hay liquidez y así evitamos poner en jaque la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento se ve inmerso en un procedimiento similar por el que los propietarios de la Fàbrica Nova de Sóller piden su expropiación al municipio por 4,3 millones de euros. El Consistorio da por hecho que los tendrá que pagar.
