Los propietarios de un edificio de Portocolom han conseguido que los tribunales declaren que es ilegal que se desarrollen labores de enseñanza de la lengua árabe en los bajos del inmueble que están destinados únicamente a una labor comercial. La Audiencia de Palma, en una reciente sentencia, le ha dado la razón a los propietarios frente a la Comunidad Islámica Attawba, que adquirió hace dos años este local, que anteriormente había tenido alquilado. Los vecinos, mucho antes de que se hubiera realizado esta compra, habían celebrado una junta extraordinaria, en la que apenas acudieron algo más de la mitad de los propietarios. Sin embargo, lograron la presencia necesaria para acordar que el local solo se podía utilizar para fines comerciales y que quedaba expresamente prohibido su uso como vivienda, o cualquier otro uso no comercial. Este acuerdo fue notificado a la totalidad de los propietarios y ninguno de los que no asistió lo impugnó, por lo que se convirtió en una decisión firme.

La asociación islámica adquirió este local hace ahora dos años, después de tenerlo varios meses alquilado. Obtuvo una licencia del Ayuntamiento de Felanitx para desarrollar en este espacio un centro de enseñanza y reunión. En realidad, la comunidad Attawba utiliza este local como escuela para dar clases de árabe a niños musulmanes. También lo emplea como lugar de reunión y oración, pero en ningún caso realizan un uso comercial. Por eso, ahora tendrá que cerrarlo y buscar otro sitio. Los vecinos sostuvieron que en el momento de comprar este inmueble la asociación islámica conocía estas limitaciones de uso. Sin embargo, la comunidad musulmana insistió en que se declarara nulo el acuerdo de los propietarios, porque solo la habían adoptado poco más de la mitad. También alegaban a un sentimiento de islamofobia para justificar la actitud de los propietarios.

La sentencia de la Audiencia confirma que, según manifestaron los vecinos, en dicho local se desarrolla una actividad de enseñanza de lengua árabe a niños. Estas clases se imparten por las tardes, entre las seis y las ocho, aunque no existe una organización rígida sobre estos cursos. No se sabe el número exacto de alumnos que acuden al centro.

Uno de los profesores del centro reconoció que ofrecía esta enseñanza sin cobrar nada a cambio. Su profesión era otra y no tenía ninguna nómina. Ninguno de los profesores estaba dado de alta en la Seguridad Social y el dinero que pagaban los padres de los alumnos, que era diez euros cada mes, se invertía en la mejora del local. La sentencia explica también que la puerta del local está siempre cerrada, no hay ningún letrero que indique que se trata de una escuela árabe, ni tampoco aparece ningún horario de apertura al público.

Tanto el juez de Manacor como ahora la Audiencia llegan a la conclusión de que el uso que se le está dando a este local se considera «asociativo, recreativo o cultural, pero en ningún caso parece acomodarse al concepto de local comercial, no habiendo quedado acreditada actividad comercial alguna».

También considera la Sala que no se puede impugnar en estos momentos la decisión de la junta de propietarios, acordada en el año 2016, dos años antes de que la comunidad islámica hubiera adquirido esta propiedad. Consideran los jueces que si bien es cierto que esta decisión de la junta no fue comunicada al registro de la propiedad, lo cierto es que no se presentó ninguna impugnación, por lo que el acuerdo es firme y se debe de cumplir. Un acuerdo que específicamente señalaba que el local del edificio de Portocolom se debía utilizar únicamente como comercio.

Con respecto a la licencia municipal que obtuvo la comunidad Attawba para crear un local de reunión, el tribunal señala que no anula la decisión de la comunidad de vecinos, ya que la el permiso municipal es una decisión administrativa.

Los jueces de la Audiencia concluyen que la comunidad islámica no ha podido demostrar ninguna actividad comercial. «No se considera actividad comercial el hecho de impartir clases de árabe, sin publicidad de ninguna clase, en un local que carece de letrero, a unos niños que pagan una cantidad irrisoria a los profesores», señala el tribunal.