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El fiscal mantiene su petición de 3 años para la exalcaldesa de ses Salines

La acusación insiste al acabar el juicio que Maria Bonet prevaricó para apartar a dos funcionarios que la habían denunciado

La exalcaldesa de ses Salines, Maria Bonet, ayer en el banquillo en la última sesión del juicio.

La exalcaldesa de ses Salines, Maria Bonet, ayer en el banquillo en la última sesión del juicio.

El fiscal Juan Carrau mantuvo ayer su petición de tres años de prisión para la exalcaldesa de ses Salines, Maria Bonet Rigo (PP), por delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral. En la última sesión del juicio, Carrau consideró probado que Bonet hostigó a dos arquitectos municipales tras saber que le habían denunciado por corrupción urbanística y promovió un expediente disciplinario contra ellos por el que fueron suspendidos de empleo y sueldo durante más de dos años y medio. «Todo fue un montaje para sancionar a estos funcionarios», sentenció el fiscal. El abogado defensor, Josep Zaforteza, reclamó la absolución y destacó que «ni un solo testigo» ha ratificado la versión de los denunciantes. De ellos dijo que «han utilizado a la fiscalía, y la fiscalía se ha dejado utilizar» para acusar a Bonet y acusó a los funcionarios de esgrimir «medias verdades». El caso quedó visto para sentencia.

En su alegato final, el fiscal anticorrupción señaló que «es muy difícil» que la entonces alcaldesa no supiera que los dos arquitectos municipales la habían denunciado a mediados de febrero de 2015 y destacó que la acusación apareció publicada en prensa. Carrau considera probado que Bonet tomó una serie de medidas injustas como «represalia directa» contra estos funcionarios. El fiscal desgranó que les impidió entregar documentos a través del registro general mediante una orden específica dictada por ella misma y que se les negó el acceso a expedientes vinculados a las obras públicas que se ejecutaban. Respecto al expediente disciplinario que se les abrió, señaló que en él se argumentó que emitían informes «ilegales» y desobedecían las directrices, sin que conste «una orden taxativa ni las irregularidades cometidas».

Carrau consideró que se trata de «un montaje para sancionar a estos funcionarios» y añadió que «es muy probable que en él participaran otras personas». El fiscal sostuvo que Bonet tomó decisiones «arbitrarias y desproporcionadas para perturbarles» por haber presentado la denuncia. El ministerio público reclamó así una condena de tres años de prisión para Bonet por delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral.

El abogado de la exalcaldesa, por su parte, consideró que no hay ninguna prueba contra ella y solicitó la absolución. El letrado afirmó que «ni un solo testigo» ha avalado en el juicio la versión de los denunciantes, a los que acusó de utilizar «medias verdades». «Estamos aquí porque han ocultado datos», incidió. Según dijo, no hay evidencias de que Bonet supiera que la habían denunciado hasta que recibió la citación judicial ni de que se impidiera a los arquitectos municipales entregar sus informes o acceder a los expedientes. Además, destacó que los denunciantes «fueron sancionados por otro alcalde».

«No tengo nada que decir», afirmó Bonet cuando se le preguntó si quería hacer uso de su derecho a la última palabra. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia dejó el caso visto para sentencia.

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