Varios testigos salieron ayer en el juicio en defensa de la exalcaldesa de ses Salines, Maria Bonet (PP), y negaron el supuesto acoso al que sometió a dos arquitectos que la habían denunciado. El secretario y el coordinador del Ayuntamiento y el funcionario que instruyó el expediente disciplinario contra los denunciantes afirmaron que estos habían cometido diversas irregularidades y rechazaron que se torpedeara su trabajo tras acusar a Bonet, para quien la fiscalía reclama tres años de cárcel por prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral. Está previsto que el juicio concluya hoy.
El secretario del Ayuntamiento de ses Salines explicó que cuando él llegó en 2012 detectó que los dos arquitectos utilizaban de forma «inadecuada» el registro municipal para presentar sus informes, cuando debían hacerlo directamente. Según dijo, tras ser advertidos de ello «nunca» se quejaron de que tuvieran problemas para entregar sus documentos mediante este sistema. El secretario dijo que tras ser apercibidos por un «cambio unilateral» en una obra pública, estos empezaron a realizar «actuaciones desproporcionadas», como emitir informes en los que se decía que había facturas manipuladas pese a explicarles que era un mero error o se lanzaban «valoraciones jurídicas pese a ser desconocedores absolutos de la materia».
Tanto el secretario como el coordinador del Ayuntamiento negaron haber recibido órdenes de Bonet para impedir que los arquitectos accedieran a los expedientes de las obras públicas. También negaron que los denunciantes tuvieran problemas para entregar los documentos y desvincularon los expedientes abiertos contra ellos de la denuncia a la alcaldesa.
El funcionario del Govern que instruyó el expediente disciplinario abierto a los dos arquitectos, que culminó con sendas suspensiones de empleo y sueldo durante más de dos años y medio luego revocados judicialmente, dijo haber detectado episodios de «desobediencia», «cambios sustanciales en las obras que no podían decidir» como técnicos municipales o «no comunicar actas de visita» a las construcciones. Este testigo afirmó que se enteró por la prensa de que el Ayuntamiento había quintuplicado su propuesta de sanción y señaló que instruyó el caso «sin presiones».
El sucesor de Bonet en el cargo, Bernat Roig (PSOE), explicó que tras recibir el informe y la propuesta de sanción contra los dos arquitectos decidió convocar un pleno extraordinario urgente, ya que ambos iban a reincorporarse de forma inminente tras una suspensión cautelar. Recordó que llevó el asunto al pleno «porque eran cosas de la legislatura anterior» y afirmó que la sanción fue aprobada por unanimidad.
