Damos por supuesto y sabido que el empleado público trabaja, desde la equidad y la legalidad, para la utilidad y el bien general. A partir de este principio elemental llegan los matices y excepciones que, si el funcionario es de adscripción municipal, pueden llegar a ser espinosos y agobiantes. Es así porque demasiados cargos locales tienen el mal vicio de pensar que el empleado público debe obediencia a sus intereses políticos o de otro signo, antes que a la profesionalidad y el trabajo igualitario.
Lo que se está ventilando en la Audiencia Provincial de Palma en relación a la exalcaldesa de ses Salines, Maria Bonet, y dos arquitectos de la casa consistorial puede ser uno de los casos extremos de intrusismo político degradado en presunta prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral, pero seguro que a nadie le suena a extraterrestre lo que se narra en la sala de vistas. Deberían ser prácticas de las galaxias pero son polvo y lodazal demasiado frecuente en muchas actuaciones municipales.
