Dos arquitectos municipales de ses Salines han ratificado hoy, durante el juicio a la exalcadelsa Maria Bonet, que sufrieron graves represalias y acabaron suspendidos de empleo y sueldo por haber denunciado ante la fiscalía en 2015 presuntas irregularidades urbanísticas. “Cuando supieron que habíamos presentado una denuncia, entraron en pánico”, ha sentenciado uno de los funcionarios, que ha desgranado diversas ilegalidades y tratos de favor. Rigo, por su parte, ha negado haber hostigado a los denunciantes y ha afirmado que tardó varios meses en ser informada de sus acusaciones. La exalcaldesa, para quien la fiscalía pide tres años de cárcel por prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral.

Uno de los denunciantes, que era entonces jefe del área de Urbanismo, ha explicado que por su cargo fue teniendo conocimiento de “actuaciones que eran premeditadamente ilícitas” y “muy evidentes”. El perjudicado ha hablado de adjudicaciones a dedo a determinados empresarios y paralizaciones de expedientes de disciplina urbanística. El testigo ha hecho referencia a las obras de ampliación de un hotel sin licencia como detonante de la denuncia. “Quería quitarme responsabilidades. Yo tenía muy presente un caso muy similar en el que hubo un derrumbe y murieron cuatro obreros”, un siniestro ocurrido en 2008 en Cala Rajada. El arquitecto ha relatado que acudió a la fiscalía el 19 de febrero de 2015 para presentar la denuncia y que a principios de marzo la alcaldesa le espetó: “No me esperaba esto de ti”, deslizando que Rigo sabía ya entonces que la había denunciado.

A partir de entonces, el funcionario ha asegurado que comenzó una campaña de acoso por parte de la alcaldesa. “Entraron en pánico. Nos bloquearon el registro y querían que entregáramos directamente los documentos con un acuse de recibo. Esta situación fue empeorando”, ha dicho. El arquitecto ha desgranado cómo un empresario, “al que habitualmente se dan concesiones a dedo”, quiso modificar el precio de una obra de construcción de un carril bici. “Pedimos el expediente de contratación y nos lo denegaron. Empezaron las obras sin nosotros. Era un desmadre”.

Los dos funcionarios fueron expedientados y sancionados “con acusaciones falsas”. El arquitecto ha dicho que el instructor del expediente era un “director general del Govern del mismo partido que la alcaldesa” [el Partido Popular]. “La sanción estaba escrita antes de que acabara la instrucción. Convocaron un pleno extraordinario y urgente para aprobar la sanción, y multiplicaron por cinco la propuesta”, ha dicho en referencia a las suspensiones de empleo y sueldo de más de dos años y medio que les impusieron a él y la otra denunciante, revocadas después por un juzgado de lo contencioso administrativo.

La alcaldesa, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones. En su declaración, ha asegurado que no supo de la denuncia hasta septiembre de 2015 y la ha vinculado a un conflicto con el arquitecto por unas obras en el aparcamiento del colegio de la Colònia de Sant Jordi que “él había modificado”. Rigo ha negado que se les prohibiera usar el registro, sino que todas las comunicaciones internas se hacían de forma directa, y ha asegurado que no rechazaba sus documentos, sino que prefería “leerlos antes de firmarlos”. “No se iban si no los firmaba. Era un acoso...”, ha afirmado. También ha negado haber paralizado trece expedientes de disciplina urbanística y ha dicho que destituyó a uno de los denunciantes como jefe de Urbanismo “por pérdida de confianza”.

Respecto a los expedientes disciplinarios, ha argumentado que se abrieron al detectar indicios de que “no obraban correctamente” y que un técnico externo hizo un informe al respecto. Sobre las sanciones impuestas, ha explicado que cuando se aprobaron ya no era alcaldesa y que estas fueron planteadas por su sucesor en el cargo.