Un viejo debate se ha vuelto a instalar en los últimos días en la actualidad política de la part forana: el papel de los tránsfugas a la hora de definir los delicados equilibrios de la gobernanza municipal. Si primero fue el nuevo pacto de centro-derecha de Felanitx el que abrió las puertas a un exedil socialista, ayer el ayuntamiento de Llucmajor del alcalde Eric Jareño, anunciaba la incorporación de dos exregidores de Vox, José Pastor y Raúl Domínguez, actualmente no adscritos.
De esta manera, Pastor asumirá las áreas de Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía en las Urbanizaciones, mientras que Domínguez estará al frente de las áreas de Movilidad y Transportes.
«Desde la salida de dos concejales teníamos una falta de manos para gestionar de manera efectiva algunos servicios y, como desde principio de legislatura nuestro gobierno ha recibido el apoyo externo de los dos concejales, he decidido incorporarlos a tareas ejecutivas y conseguir más estabilidad», comentó Jareño, aludiendo a la ruptura con los dos regidores de Llibertat Llucmajor que formaban parte del gobierno municipal, Alexandro Gaffar y Eloy Crusat.
Llibertat Llucmajor, Més y Vox Baleares criticaron que Pastor y Domínguez entren en el gobierno municipal
El movimiento político de Jareño para apuntalar el gobierno ha provocado duras críticas de la oposición. El propio Gaffar reaccionó argumentando que «se ha premiado a estos dos ediles por apoyar los recortes de tres millones de euros a los vecinos». También cuestionó el perfil de los nuevos nombramientos para asumir estas áreas de gobierno.
Por su parte, Més per Llucmajor lamentó que la «extrema derecha» entre en el gobierno municipal de Llucmajor.
«Vemos con mucha preocupación que el PP y Cs vulneren el pacto antitransfuguismo y, además, lo hacen para quedar igualmente en minoría. El alcalde ha cedido a las presiones del regidor Domínguez y le da finalmente el sueldo que reclama desde que comenzó la legislatura», argumentó esta formación.
En un comunicado, Vox Baleares hizo hincapié también en el incumplimiento del mencionado pacto por parte de los ‘populares’. «Biel Company [presidente del PP balear] debe aplicar el pacto en Llucmajor y Felanitx, pues de lo contrario pierde toda credibilidad», aseveró el secretario general de la formación, Sergio Rodríguez.
El PP, uno de los 22 partidos que han suscrito el pacto antitransfuguismo a nivel estatal
El acuerdo sobre el transfuguismo que han suscrito a nivel estatal una veintena de formaciones, entre ellas el PP, establece que este fenómeno, «en la medida en que éste se produce en una misma legislatura y tiene efectos inmediatos sobre la gobernabilidad y la marcha del sistema, constituye un problema que afecta a las corporaciones locales, adquiriendo unas dimensiones que la experiencia configura como patología política de nuestro sistema». De hecho, a nivel estatal, existe una comisión de seguimiento cuyo objetivo es velar exclusivamente por el cumplimiento del acuerdo entre partidos políticos destinado a reducir las situaciones de transfuguismo en los ayuntamientos. A finales del mes pasado, bajo los auspicios de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se celebró una reunión del pacto, después de 10 años sin reunirse.
