Los vecinos que denunciaron la irregularidad urbanística del colegio Puig de Ros de Llucmajor que ha motivado una sentencia judicial que obliga a demolerlo parcialmente sentencia judicial que obliga a demolerlo parcialmente se muestran abiertos a negociar con el Ayuntamiento para alcanzar una solución consensuada y evitar este quebradero de cabeza para la comunidad educativa del centro.
Así se lo ha trasladado el concejal de Llibertat Llucmajor Alexandro Gaffar, actualmente en la oposición después de haber estado en el equipo de gobierno a principios de legislatura, al alcalde Éric Jareño.
Como recordó Gaffar, no es la primera vez que estos denunciantes intentan llegar a un acuerdo con el Consistorio por un litigio que se remonta a hace más de una década. Cabe recordar que estos residentes arguyeron que no se había respetado el retranqueo de cuatro metros exigido en las normas urbanísticas locales, lo que les causaba distintos problemas. La resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) obliga ahora a demoler una franja de cuatro metros de ancho del centro escolar.
De esta forma, se verán afectadas estructuras como la biblioteca, el comedor, la cocina o los baños, que serán demolidos durante el verano que viene, de acuerdo al calendario de ejecución presentado por el Ayuntamiento esta semana, en cumplimiento de la mencionada sentencia. Antes de llegar a este extremo, los denunciantes quieren reunirse con el alcalde de la localidad para ver si se puede alcanzar una "resolución pacífica que evite problemas para los vecinos", expuso Gaffar, quien ofreció su colaboración para mediar en el asunto.
Comunidad educativa
Mientras, la asociación de padres y madres de alumnos del colegioasociación de padres y madres de alumnos del colegio defiende la necesidad de que, en el caso de que finalmente se tenga que proceder al derribo de la parte decretada ilegal por la justicia, se construyan antes las nuevas instalaciones que albergarán esos servicios. En caso contrario, la comunidad educativa teme que los alumnos se queden sin estos espacios durante una temporada, o bien que se habiliten de forma provisional en barracones. La comunidad educativa reclama también que se abra una investigación municipal sobre la mala praxis de anteriores consistorios.
