Un operativo integrado por agentes de Medio Ambiente, Policía Nacional, Policía Local y el Ibanat ha precintado este viernes el chiringuito ilegal que desde hacía años funcionaba en Cala Varques, en el municipio de Manacor. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, han anunciado hoy por la tarde la actuación, que contaba con la autorización judicial después de la documentación aportada por el Govern en la que "se constatan los riesgos medioambientales y sanitarios de las instalaciones", según explican desde la Conselleria.

El operativo ha retirado una parte de los objetos que estaban dentro de las instalaciones, pero ante la imposibilidad de retirarlo todo se ha procedido a levantar acta de decomiso y a precintar el recinto. El consistorio manacorí terminará la labor este sábado con la ayuda de los agentes medioambientales.

La actuación ha sido autorizada por el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma, después de que la abogacía de la comunidad autónoma solicitase, a instancias de Medio Ambiente, una autorización judicial urgente para ejecutar la resolución de ejecución forzosa del desmantelamiento de las instalaciones firmada el pasado 24 de agosto por el conseller Miquel Mir.

El Govern ha tenido que solicitar la autorización judicial porque el propietario de las instalaciones dispone de un documento notarial que certifica que el chiringuito es su domicilio. Asimismo, el caso estaba judicializado desde mayo de 2019, cuando la Conselleria envió a la Fiscalía dos expedientes administrativos relativos al chiringuito ilegal para que estudiara la posible comisión de un delito de desobediencia por parte del dueño.

El propietario se había negado en tres ocasiones a retirar la instalación ilegal a pesar de la resolución del Govern de abril de 2019 en la que se adoptaban medidas provisionales urgentes que obligaban a desmontar la instalación y cesar la actividad comercial, así como el depósito de los bienes muebles.

Medio Ambiente ha considerado "necesario y urgente" ejecutar la resolución y desmontar las instalaciones a pesar de que el caso está bajo tutela judicial. Según la Conselleria, el chiringuito ha provocado "graves daños medioambientales" en una zona declarada como Lugar de Interés Comunitario. Asimismo, se ha constatado que existe un "grave riesgo" para la salud pública, por lo que el juez ha considerado que la urgencia de desmontar el chiringuito esta "suficientemente acreditada por razones sanitarias".

Cabe recordar que el propietario ya fue objeto de un procedimiento sancionador que concluyó con la resolución de marzo de 2019 por la cual se le declaraba como responsable de una infracción administrativa que se traduce en una multa de 100.000 euros y la obligación de restaurar el medio natural a su estado original. Tanto el conseller Mir como el alcalde Oliver han valorado hoy de forma positiva la actuación.