El ayuntamiento de Llucmajor tendrá que derribar parte del colegio público Puig de Ros, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) obligue a la administración municipal a restituir la legalidad urbanística en esos terrenos.
Los hechos se remontan a hace más de una década, cuando un grupo de vecinos de la urbanización denunciaron errores urbanísticos en el proyecto ejecutado por el Ibisec, órgano del Govern encargado de ejecutar las obras escolares.
Estos residentes arguyeron que no se había respetado el retranqueo de cuatro metros exigido en las normas urbanísticas locales, lo que les causaba distintos problemas. El fallo obliga a demoler una franja de cuatro metros de ancho del centro escolar.
El alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, lamentó que el Ayuntamiento tenga que responsabilizarse en estos momentos de "actuaciones que se llevaron a cabo hace más de una década", al tiempo que recordó que en el colegio están matriculados 500 alumnos, que ahora se verán afectados por el derribo de una parte de su centro.
Concretamente, se verán afectadas estructuras como la biblioteca, el comedor, la cocina o los baños, que serán demolidos. Así lo explicó la teniente de alcalde de Educación, Xisca Lascolas.
Lascolas consideró que estas obras serán "incompatibles" con el normal funcionamiento de la escuela. En todo caso, añadió, el plan presentado por el Ayuntamiento al TSJB contempla "todas las alternativas para que el impacto sea lo menos perjudicial posible".
Críticas a los denunciantes
La regidora de Educación tuvo también palabras críticas para los vecinos denunciantes. "No entendemos la denuncia de unos residentes de la misma urbanización, que, con su postura, dañan el funcionamiento de este espacio educativo tan importante para los vecinos", argumentó.
En esta línea, el teniente de alcalde de Urbanismo, Guillermo Roig, expresó su sorpresa por el hecho de que, según lamentó, el Tribunal Superior de Justicia de Balears no haya aceptado "ninguna de las soluciones propuestas" por las administraciones públicas implicadas.
Roig se quejó de que el TSJB haya admitido el "innecesario derribo de parte de un colegio, con el consiguiente perjuicio que esto está ocasionando a los vecinos y alumnos no sólo de Puig de Ros, sino también de otras urbanizaciones del entorno que hacen uso de este CEIP para escolarizar a sus hijos".
