Un juez de paz, por naturaleza y definición, debe ser una persona de peso humano y social, adicta al interés general, entregada a las leyes y predispuesta a la mediación, una práctica sana que la Justicia, siempre colapsada, intenta potenciar ahora.
Al juez local le corresponde aplicar el sentido común y actuar por delegación de instancias superiores. Pero resulta que a estos cargos, en principio de buena voluntad y altruismo, los eligen los ayuntamientos y el Tribunal Superior se limita a refrendarlos. A partir de ahí, queda abierta la vía del vicio político porque, en las casas consistoriales, acostumbra a pesar más la influencia de partido que el sentido institucional y la separación de poderes. Ahora ocurre en Pollença, pero los casos de manoseo político de los jueces de paz ya dan para completar una colección en Mallorca.
Así las cosas, no extraña que el ministerio de Justicia no sepa muy bien qué hacer con ellos y se plantee su desaparición. Es una lástima porque no es menos cierto que también hay personas que ejercen el cargo de manera abnegada y sin mayor horizonte que el de servir al bien común.
