Una de las formas más recurrentes, y no siempre efectivas, de persuadir a conductores temerarios de que depongan su actitud, es la de meter mano a su bolsillo. Por eso las multas de tráfico están presentes en las carreteras casi desde que los coches comenzaron a circular por ellas. Con el tiempo también se han devaluado y deteriorado porque, pese a que algunas de sus cuantías son capaces de lesionar economías domésticas, también se han consolidado las artimañas, insolvencias y recursos para dejarlas en papel mojado.
Las multas, por otro lado, son un nutriente para el erario público y la Administración corre el peligro de servirse en exceso de ello. Si atendemos a las impresiones de quienes circulan entre Fornalutx y Palma está es la tentación a la que ha sucumbido Tráfico al instalar dos radares en menos de un kilómetro, en un tramo de velocidad limitada a 60. Cazar conductores no es siempre lo mismo que incentivarlos para que se abonen a la seguridad. De no hacerse con tino y responsabilidad puede provocar un efecto rebote de rebelión que va en perjuicio de todos.
Los dos radares entre la boca norte del túnel de Sóller y la rotonda de Can Repic contribuyen a resaltar los desequilibrios que se producen en la vigilancia y control del tráfico. Al otro lado de la Vall, en la carretera de la Serra, sigue desbocado el problema de las carreras furtivas de motos. Ni las obras del Consell ni la vigilancia ponen coto al considerable peligro que comportan.
La regulación y seguridad del tráfico debe ser un trabajo de conjunto repartido por todo el recorrido viario y no acciones de insistencia puntual que recaudan mucho y apenas garantizan eficacia.
