El constructor Bruno da Silva denunció ante la Fiscalía Anticorrupción presiones por parte del ayuntamiento de Capdepera para evitar que le adjudicaran la construcción de un hotel en Canyamel. Supuestamente, según el empresario, el hotelero Jordi Galmés le había encargado la construcción, pero le retiraron el encargo porque el hotelero recibía presiones por parte del consistorio gabellí. Para demostrar sus argumentaciones, aportaba unos audios de grabaciones realizadas a Galmés.
Ahora, el ayuntamiento de Capdepera, después de una reunión con los portavoces de los partidos que componen la corporación, y habiendo escuchado previamente las grabaciones, ha decidido emprender acciones judiciales contra el propio Jordi Galmés, por las afirmaciones que se recogen en las grabaciones. Al mismo tiempo, este lunes los servicios jurídicos municipales instaron al hotelero a retractarse y reconocer la falsedad de las manifestaciones.
Un día después en un escrito remitido al bufete que representa al consistorio gabellí, Galmés reconocía que se habían mantenido las conversaciones, aunque aseguraba que desconocía la existencia de los audios y aseguraba que nada de lo que se atribuye corresponde con la realidad. Eran unas manifestaciones, reconoce en su escrito, debido al estado de nerviosismo y ansiedad que padecía y que, por supuesto, no imaginaba que estaba siendo grabado y que las grabaciones iban a ser entregadas a aquellos a los que me refería.
Potestad
El alcalde de Capdepera, el socialista Rafel Fernandez, conocedor del contenido de dicho escrito, ha asegurado que independientemente de lo reconocido por el hotelero Jordi Galmés, el consistorio tiene la potestad de continuar con las acciones legales en su contra.
