La situación se ha vuelto tan curiosa como anómala. Estamos ante un círculo cerrado con matices, pero con poca precisión, que el Consell se esfuerza en mantener para no perder la razón formal, la promesa electoral cumplida y el beneficio político. Con ello, es como si el uso y recurso del interés público se hubiera vuelto ambivalente y sirviera para defender dos cosas contrapuestas a la vez.
Esto parece desde el momento en que los tribunales anulan el rescate de la concesión de explotación del túnel de Sóller efectuado por el Consell, porque no se ha acreditado de forma suficiente el interés público de la operación, y la institución insular recurre la sentencia precisamente amparándose en el interés público de lo hecho.
Por tanto, se trata de discernir, de una vez por todas, qué es y a qué necesita responder el interés público. Es decir, saber si debe pesar más el pagar 16,3 millones del dinero de los ciudadanos para que éstos puedan pasar gratis al cruzar el túnel o si tal operación, realizada cuando faltaban pocos meses para la expiración de la concesión, tuvo unos costes económicos que perjudican el interés publico. El tribunal volverá a sustituir a la política.
