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El Govern insta a corregir el impacto de un proyecto de parque solar en Cala Agulla

La comisión de Medio Ambiente exige a la promotora la presentación de un estudio de evaluación ambiental mucho más riguroso

Imagen de los terrenos rústicos donde se contempla el parque fotovoltaico. p.f.r.b.

La comisión de Medio Ambiente de Balears ha determinado que el proyecto de construcción de un parque fotovoltaico en el municipio de Capdpera debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, mucho más rigurosa que la simplificada, debido a los diferentes impactos que podría provocar tanto en el entorno natural como en un yacimiento arqueológico ubicado en el ámbito del proyecto.

El parque fotovoltaico Regana Blava se ha proyectado en una parcela de 230.000 metros cuadrados ubicada en una zona calificada como suelo rústico general por el ayuntamiento de Capdepera, a poca distancia del pinar de la playa de Cala Agulla, una zona de máxima protección.

La ocupación de la infraestructura sería de 26.060 metros cuadrados, un 11,6 por ciento del total de la parcela. Se contempla la instalación de 10.152 paneles solares de una altura máxima de 2,5 metros desde el suelo y la construcción de una serie de edificaciones vinculadas a la generación eléctrica.

Diversos impactos

La resolución de la comisión medioambiental subraya que la parte norte de la parcela limita con una zona ANEI y con el LIC-ZEPA Muntanyes d'Artà. Además, la parcela está afectada parcialmente por el yacimiento arqueológico de Can Patilla-ses Cases, incorporado en el catálogo municipal con un área de delimitación del conjunto. Otro factor que influye en contra del proyecto es la presencia en la zona de la tortuga mediterránea, incluida en el listado de especies en régimen de protección especial.

La resolución destaca que el estudio de impacto ambiental presentado por la promotora "no presenta medidas correctoras y preventivas" en materia de residuos, paisaje, alteración y pérdida de hábitats faunísticos, molestias a la fauna y riesgo de incendios. Tampoco detalla cómo se efectuará la restauración de los terrenos afectados ni su coste, ni prevé ningún plan de gestión relativo al desmonte y la gestión de los residuos cuando finalice la vida útil de la instalación. "Por estos motivos, no se puede asegurar que los efectos sobre el medio ambiente sean mínimos, sin afecciones significativas", concluye el estudio de la comisión dependiente de la conselleria de Medio Ambiente.

En relación a la posible afectación de una zona arqueológica, la dirección insular de Patrimonio del Consell elaboró un informe en diciembre de 2019 instando a la promotora a redactar, antes de la autorización, una propuesta de prospección para "identificar y documentar las estructuras hidráulicas de época islámica" existentes en la zona, además de un proyecto arqueológico redactado por un técnico cualificado.

El ayuntamiento de Capdepera informó a finales de 2019 a favor de seguir con la tramitación, dejando en manos de la comisión de Medio Ambiente la decisión sobre la necesidad o no de realizar un estudio más completo.

Las conclusiones del informe de la comisión medioambiental del Govern incluyen toda una serie de requisitos que deberán incorporarse al proyecto como la necesidad de presentar alternativas y reajustes sobre el proyecto para que este tenga una "forma más regular" e intente "asegurar al máximo el posible uso agrícola del resto de la parcela", además de incluir fotomontajes que valoren el impacto paisajístico, entre otras prescripciones.

También insta a "evitar" la aparición de elementos ajenos a la construcción tradicional en las nuevas edificaciones planteadas para cumplir con las condiciones de integración paisajística y ambiental y a establecer medidas de prevención durante la época de incendios forestales. También se reclaman a la promotora medidas para evitar la electrocución de la avifauna en la nueva torre que se proyecta y que las obras se ejecuten fuera de la época de reproducción de las aves que habitan en la zona.

Ahora, la promotora deberá presentar el estudio ambiental ordinario para su evaluación por parte de la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, que realizará las pertinentes consultas a otras administraciones antes de que la comisión de Medio Ambiente vuelva a analizar si se han incorporado los requisitos exigidos. El informe definitivo de esta comisión influirá en la decisión final sobre la posible autorización del proyecto.

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