El exalcalde de Pollença, Miquel Àngel March, y el exregidor de Urbanismo, Tomeu Cifre Bennàssar, ambos de Junts Avançam, actuaron correctamente hace tres años cuando decidieron no renovar la licitación de una terraza que ocupaba parte de la playa de Albercuitx, en el Port de Pollença. Así lo ha decidido la juez del juzgado de Instrucción número 3 de Inca, que ha archivado la denuncia por prevaricación contra ambos representantes municipales que había presentado el Café Capuchino 1919, un conocido local de restauración del Moll pollencí que se había sentido perjudicado por la decisión del anterior equipo de gobierno.
Los hechos que motivaron la denuncia del citado local se remontan al año 2017, cuando el Ayuntamiento tramitó, como cada año, la licitación de las terrazas ubicadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre del Port de Pollença. Entonces, el equipo de gobierno presidido por Junts Avançam, con el apoyo de UMP, decidió excluir del proceso a la terraza denominada Can Pescador, ubicada en parte sobre la arena de la playa de Albercuitx, al considerar que se producía un "exceso de ocupación de la vía pública", según la ordenanza municipal, y porque era el único local de la zona que ocupaba espacio sobre la misma arena de la playa con sillas y mesas.
"Agravio comparativo"
Según recuerda el exalcalde, el Ayuntamiento decidió acabar con esta "situación de abuso y de agravio comparativo con otros negocios del Port" y por ello no se renovó la licitación de esta terraza.
La citada empresa de restauración recurrió la decisión por la vía contencioso-administrativa, pero además, "como es habitual en las actuaciones de esta empresa para presionar a los cargos públicos", según March, también presentó denuncia por prevaricación contra el propio March y el regidor Cifre.
El pasado mes de noviembre, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma ya avaló la actuación municipal, "perfectamente ajustada a derecho", y desestimó el recurso del local de restauración. Además, hace pocos días la juez del juzgado de Instrucción número 3 de Inca ha emitido un auto de sobreseimiento definitivo de la denuncia por prevaricación contra March y Cifre.
Desde Junts Avançam valoraron ayer de forma positiva el archivo del proceso ya que "pone en evidencia que la actuación del Ayuntamiento estuvo guiada por la búsqueda del interés general y la salvaguarda del espacio público", aunque lamentaron que los representantes políticos "estén tan expuestos a las presiones en forma de querellas ejercidas de manera deshonesta para presionar y conseguir privilegios que en derecho no corresponden".
La terraza sigue en activo
No obstante, March lamenta que desde 2017 la terraza "se ha continuado usando" e incluso se ha renovado la tarima y recortado el enlosado de la calle Voramar para colocar mejor la estructura. El exalcalde denuncia que "se está efectuando una explotación fraudulenta de esta terraza que debería pararse de forma inmediata, ahora que la controversia se ha resuelto".
Por ello, el principal grupo de la actual oposición municipal "exige" al equipo de gobierno presidido por Tomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença-PP-UMP-El Pi) que "cumpla con sus deberes de inspección" y ordene la retirada de lo que queda de la terraza, además de impedir otras ocupaciones para "liberar de forma definitiva el espacio público de la playa".
Un caso similar
Café Capuchino 1919, la empresa que denunció al exalcalde March por no licitar la terraza sobre la playa de Albercuitx, es la misma que también demandó por prevaricación al propio March y al actual alcalde Tomeu Cifre, además de todos los miembros de la junta de gobierno, por haber permitido la instalación del quiosco de Gelats Valls en el Port de Pollença, actualmente retirado. En el año 2015 se concedió la última autorización administrativa para la explotación del emblemático quiosco sin que se hubiese convocado un concurso público para la ocupación de la vía pública.
El juzgado archivó definitivamente la querella a principios del año 2018. No obstante, antes del sobreseimiento, el empresario que había presentado la demanda decidió retirarla porque el chiringuito de helados ya había sido desmontado por iniciativa municipal.
Desde Junts Avançam lamentaron ayer la judicialización de la actividad administrativa por parte de empresas que pretenden "presionar" a los cargos políticos para lograr ventajas.
