Los hoteleros de Sóller han solicitado al Ayuntamiento la exoneración en el pago de diversos tributos y tasas municipales como consecuencia del cierre obligado de sus establecimientos y la crisis turística "histórica" que ha sufrido el municipio ante la pandemia por coronaviruspandemia por coronavirus.
Representantes de la patronal mantuvieron ayer una reunión telemática con el alcalde de Sóller Carlos Simarro, con el fin de transmitirle un listado de demandas del colectivo. La patronal, que engloba a más de 30 establecimientos en el valle y con cerca de 3.000 camas turísticas, reivindica las medidas como alivio económico para una situación de la que, como explicó su presidente Lluís Rullan, no saben cuándo se terminará.
Así, la patronal solicita que no se cobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), reajustar el pago de la tasa de ocupación de la vía pública para no abonarla por el periodo que estén cerrados los hoteles, así como bonificaciones en la tasa de recogida de basuras, tratamiento y gestión de residuos y en el canon del agua potable y el alcantarillado.
La patronal también solicita una minoración del importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y aplazamiento de las cuotas y que se prolongue el plazo para la ejecución de obras que ya posean la licencia desde antes de la pandemia.
El alcalde asumió el compromiso de estudiar el listado de demandas que para los hoteleros es fundamental para aliviar la carga económica que están sufriendo pese a que los hoteles están cerrados al público por orden del Govern desde el principio de la crisis sanitaria por coronavirus.
Puestos de trabajo
Los hoteleros recordaron al alcalde el papel que tiene el sector turístico en el municipio, "que genera muchísimos puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos" y que "durante estas circunstancias tan difíciles hemos tratado de proteger al máximo a los trabajadores con garantía de empleo", explicó Lluís Rullan. La patronal reivindica al Ayuntamiento "decisiones políticas y jurídicas imprescindibles para favorecer la supervivencia de las empresas" y para evitar "un aluvión de procedimientos de reclamación por vía administrativa y judicial".
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