Unos 200 nuevos expedientes, 727 llamadas recibidas, 108 rentas sociales garantizadas tramitadas, 60 pendientes de tramitación, 219 familias sin ingresos que acuden al Banc d'Aliments (antes eran 40) o el reparto de menús a 40 usuarios son algunas de las cifras que el departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento de Manacor maneja desde el inicio del estado de alarma. Y es que los consistorios han tenido que sacar toda su artillería para atender el volumen de peticiones con la crisis del coronavirus. "Han sido semanas de muchos cambios. Hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación. Hemos pasado de hablar de confinamiento a hablar de crisis económica y social. Se han destapado muchos casos nuevos de personas y familias en situaciones muy vulnerables. Vendrá una crisis muy fuerte, una crisis que ya está presente. Por ello, nuestro departamento debe ser la punta de lanza de la respuesta del Ayuntamiento", sentencia la regidora Carme Gomila que ha hecho un repaso de las medidas emprendidas durante el estado de alarma.
Hasta este lunes, su departamento ha tramitado entre 189 y 200 nuevos expedientes y desde el primer día del estado de alarma y ha recibido 727 llamadas para demandar recursos alimenticios o económicos del Ayuntamiento. De momento, hay cuatro líneas telefónicas abiertas a la espera de activar otras tres esta semana. Y es que "la atención telefónica es la premisa básica del departamento". El volumen de trabajo se ha disparado, por ello, se ha ampliado personal durante el estado de alarma con cuatro trabajadores sociales más y una nueva trabajadora familiar mientras que el personal de los centros de día ha pasado a hacer atención a domilicios, además cuentan con el apoyo de cuatro auxiliares administrativos de otros departamentos con menos carga de trabajo.
Cuando finalice el estado de alarma, su departamento se reforzará con más personal. En concreto, se incorporarán cinco trabajadores familiares, un psicólogo y dos trabajadores sociales, además de adquirir dos coches eléctricos gracias a que el pleno extraordinario aprobó a mediados de abril destinar 546.000 euros del superávit municipal a una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis desatada por el coronavirus. Además llegarán otros 175.086 euros gracias al convenio firmado con el IMAS.
Además de las rendas sociales garantizadas, el ayuntamiento tiene una partida de 50.000 euros para aquellas familias sin ingresos suficientes que no puedan tener acceso a estas ayudas. Gomila apunta que se ha experimentado un cambio en la demanda. La necesidad de alimentos era lo más reclamado al principio del confinamiento pero ahora son las ayudas económicas. "Los momentos actuales no tienen nada que ver con los de los próximos meses. Todos los departamentos se han puesto a trabajar para reestructurar sus presupuestos", explica el alcalde Miquel Oliver, que adelanta que se evaluará a qué departamento se destinan las partidas de aquellos proyectos que no se hayan puesto en macha para lograr que "nadie quede por el camino".
El servicio de ayuda a domicilio también ha tenido que readaptarse progresivamente y han asumido casos prioritarios de la lista de espera y otros derivados por los centros de salud. Se ha hecho un exhaustivo seguimiento de los casos de violencia machista con dos derivaciones al Casal Ariadna. Además las casas rurales se han puesto a disposición de entidades como la Fundació Trobada que ha derivado 10 usuarios a Sa Murtera y se han comprado lotes de material escolar para 200 familias con pocos recursos. El alcalde ha avanzado que se repartirán 176 tarjetas de conexión a internet para que los alumnos y alumnas puedan seguir las clases.
Carme Gomila tiene claro que los principales ejes de futuro para gestionar la crisis social económica pasan por cambiar una intervención individual por una grupal. "La vivienda es clave", admite. "Mucha gente debe elegir entre comer o pagar el alquiler. La vivienda es el gran reto", resalta y aboga por trabajar en la alfabetización digital, además de centrarse en los menores.
