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En estado de alarma

Los concesionarios de playas temen un verano sin servicio por falta de ingresos

Los empresarios negociarán con los ayuntamientos nuevas condiciones para mantener un mínimo de actividad en la costa

Imagen que presenta a finales de abril la playa de Can Generós, en el Port de Sóller. j.m.

Un verano con playas sin socorristas, sin chiringuitos ni servicio de limpieza en la arena por la falta de ingresos de los concesionarios.

Los empresarios que explotan los servicios de las playas y los chiringuitos no saben si este año podrán mantener los negocios abiertos. Para poder seguir contratando a algunos trabajadores, ya negocian con los municipios costeros la suspensión del canon anual que pagan los gestores de servicios de sombrillas, hamacas, velomares o de los chiringuitos playeros.

"Para fomentar una imagen de normalidad queremos seguir ofreciendo los servicios mínimos de socorrismo, de limpieza o de accesibilidad, pero para ello tendremos que contratar personal y no podremos hacerlo sin la garantía de unos ingresos mínimos", explica el empresario encargado de los servicios de las playas de Sóller, Nofre Fornés. "Necesitamos llegar a nuevos acuerdos con los consistorios, todos tenemos que tirar del carro y necesitamos pasar el verano con unas mínimas garantías de que no nos arruinaremos", añade Miquel Adrover, el empresario responsable de los servicios de algunas de las playas de Felanitx, Santanyí o Son Servera.

Ante esta situación, muchos de los concesionarios de los arenales de Mallorca se han adherido a la Federación Española de Empresarios de Playa. Su objetivo es unir fuerzas para la negociación que esperan iniciar con los ayuntamientos. "En los próximos días nos reuniremos con los consistorios que nos han concedido la explotación de los servicios playeros para presentarles nuestra propuesta, aunque el actual estado de alarma no regula nuestra actividad, entendemos que somos un servicio fundamental para garantizar la vuelta a la normalidad y el mantenimiento de la limpieza y la seguridad en muchos puntos de la costa", añade Adrover.

En ese sentido, el presidente de la Federació d'Entitats Locals, Antoni Salas, explica que entre los ayuntamientos "hay consenso sobre la necesidad de mantener activos al menos los servicios de socorrismo, de limpieza y de mantenimiento". Como se espera que este verano haya menos gente en las playas "estos servicios se tendrán que redimensionar y puede que se tenga que suspender o renegociar el pago de los cánones que hacen los concesionarios a las administraciones", añade el presidente de la FELIB.

De hecho el decreto del estado de alarma fija que las administraciones tienen que facilitar el equilibrio económico de los concesionarios de los servicios municipales esenciales. Es decir, que los ayuntamientos tendrán que ayudar a los empresarios a que puedan mantener los servicios que se consideren necesarios ante la merma que se prevé en los ingresos . "Lo que pasa es que nuestra activitad queda fuera de esa regulación estatal, pero ya hay municipios que nos tienen en cuenta, como el de Alaior", apunta el responsable de la concesionaria de los servicios de playa del municipio de Manacor, Tomàs Sureda.

Y es que, de momento, el ayuntamiento menorquín de Alaior ha anunciado que las empresas concesionarias de los servicios de playa seguirán su actividad. En base a informes económicos, al final del verano se calcularán los gastos que habrán asumido los concesionarios. Y el consistorio de Alaior ya se ha comprometido a asumir, al menos en parte, los costes fijos que no puedan pagar las concesionarias. Un ejemplo que quiere copiar el municipio de Calvià, según han informado algunos empresarios playeros. Pero de momento, al menos los ayuntamientos de Alcúdia y de Son Servera ya prevén rebajas o prórrogas en los cánones anuales que cobran los concesionarios.

En relación con el canon que pagan los ayuntamientos a la Demarcación de Costas para poder conceder los chiringuitos y los otros servicios en las playas, según el presidente de la FELIB, "hay una postura unánime entre los municipos costeros para pedir al Estado que suspenda el canon que pagan", concluye Salas.

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