La plataforma Salvem el Moll del puerto de Alcúdia y la organización ecologista GOB han presentado alegaciones al nuevo proyecto de carga y descarga de mercancías del puerto alcudienc en las que denuncian la "insuficiencia de medidas correctoras ambientales" del proyecto básico que ha sido sometido a exposición pública y que, según la citada plataforma, "confirma la situación ilegal en que la empresa Transportes Marítimos de Alcúdia S. A. (TMA) ha desarrollado la actividad portuaria con el amparo de la Autoritat Portuària de Balears (APB)".
Según el documento que está en exposición pública, la empresa TMA ha solicitado la explotación de un área de acopio, carga y descarga en el muelle adosado del puerto de Alcúdia. El proyecto recuerda que esta sociedad "ha desarrollado históricamente su actividad de gestión logística en el puerto" y "en los últimos años ha desarrollado su actividad de carga y descarga mediante la figura de autorización de ocupación temporal de diversas zonas del puerto", por lo que propone ahora la "solicitud demanial de una serie de espacios en tierra que permita la actividad de carga y descarga así como la de asistencia a los medios móviles de la empresa en el desarrollo de su actividad" con el objetivo de "regularizar la situación y a fin de establecer una ordenación en la actividad y en la estabilidad del negocio".
Sin embargo, tanto Salvem el Moll como el GOB consideran que las medidas ambientales contempladas en el proyecto básico "no asumen el nivel de exigencia de normas como el RAMIMP de 1961", por lo que reclaman la puesta en marcha de un plan de excelencia para el puerto de Alcúdia y la implantación de técnicas que apliquen la "mejor tecnología disponible" para evitar daños medioambientales.
Ambas entidades recuerdan que la actividad de carga y descarga de carbón "se ha realizado durante décadas sin la preceptiva autorización exigible por la legislación de contaminación atmosférica de 1972 y la ley 34/2007".
Critican que la APB afirme que esta autorización no es de su competencia, "pero a la vez se desentiende de controlar el cumplimiento de los condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la administración portuaria".
Emisiones de carbón
El resultado de esta "prueba inequívoca de descoordinación administrativa", según la plataforma, han sido "décadas de emisiones de polvo de carbón que han afectado al entorno marítimo, a las zonas residenciales, a la playa, a los vecinos inmediatos y a una superficie territorial que abarca entre dos y tres kilómetros".
Por todo ello, las dos entidades que han presentado alegaciones denuncian que el proyecto "no explicita las mercancías objeto de carga y descarga", exigen que la actividad no emita "ni una mota de polvo a la atmósfera" y propugnan la implantación de la "mejor tecnología disponible en las actividades portuarias".
Asimismo, reclaman que la carga y descarga de mercancías "debe realizarse mediante técnicas neumáticas y no mecánicas, garantizando unos resultados medioambientales inocuos".
Por otra parte, Salvem el Moll y el GOB subrayan que "las inversiones relacionadas con el proyecto y computables a efectos de determinar el periodo concesional deberían generar alarma entre los técnicos y los servicios jurídicos de la APB, al director responsable de la gestión de la APB y a su presidente", a quien instan a informar del tema "con total transparencia" al consejo de administración de la institución portuaria.
Así, las dos entidades que han presentado las alegaciones concluyen que el hecho de computar la cuantía de las inversiones previas para obtener una nueva concesión, que fueron ejecutadas durante el periodo de autorizaciones temporales ilegales, "no debe generar solo alarma en el consejo de administración de la APB, sino escándalo y vértigo".
